Colau pide al Govern retirar su decreto de vivienda por segregador: "Los pobres, a la periferia"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido este lunes al Govern retirar el Decreto Ley de medidas para mejorar el acceso a la vivienda aprobado a principios de marzo, porque considera que perjudica el modelo, traslada competencias a los ayuntamientos, criminaliza a familias vulnerables y potencia la segregación: "Los pobres, a la periferia. Eso permite este decreto".

En rueda de prensa, ha pedido que, si el Govern mantiene el decreto, lo tumbe el Parlament cuando lo vote próximamente, porque "perjudica muchísimo el modelo de vivienda protegida y todos los ayuntamientos de Catalunya".

"Exigimos al Govern de ERC y PDeCAT que retiren este Decreto Ley, que hace saltar por los aires el modelo ya precario de vivienda protegida" y abre la puerta a la privatización y la liberalización, según Colau, que ha pedido reabrir la discusión sobre la normativa abordándola con ayuntamientos y entidades

Ha avisado de que este Decreto Ley 5/2019 --que todavía no ha entrado en vigor-- conlleva "gravísimas afectaciones" a las leyes de vivienda y urbanismo y que implica que la Generalitat se deshaga de la competencia de vivienda para trasladar todas sus obligaciones a los ayuntamientos, algo que hace además sin darles recursos, según ella.

La primera edil ha acusado al Govern de tratar de justificar con este "decreto ómnibus" su falta de políticas en materia de vivienda y de abandonar sus competencias y trasladarlas a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos económicos para asumir estas responsabilidades.

"No sé qué estrategia de país es, pero no está hecha pensando en los ayuntamientos ni la ciudadanía, sino en determinados intereses especulativos que benefician a una minoría" responsable de la burbuja inmobiliaria, lo que implica volver al peor de los escenarios, según Colau, que ha pedido al Govern ver el derecho a la vivienda como una estructura de país.

Ha sostenido que su Gobierno municipal siempre ha mostrado lealtad institucional con la Generalitat en vivienda, pero que el Govern ha trabajado este decreto sin los ayuntamientos: "Han roto la lealtad institucional", ha lamentado Colau, que ha asegurado que el ejecutivo de Quim Torra tampoco ha concedido una reunión con el suyo aunque la solicitaron tras conocer el decreto.

AFECTACIÓN AL 30%

Colau ha remarcado que el decreto contempla la posibilidad de variar los precios de la vivienda protegida en función de su ubicación --aumentándolo hasta un 10%--, lo que supondría potenciar la segregación y representaría una bomba de relojería para los barrios: "Abre la puerta a los banlieues, directamente", ha dicho en referencia a barrios marginales de suburbios franceses.

Además, esta posibilidad "intenta devaluar por la puerta de atrás" la medida aprobada por el Ayuntamiento por la que las grandes promociones de vivienda deberán reservar el 30% a vivienda protegida, algo que permite generarla en todos los barrios de la ciudad pero que pierde efectividad si se ofrecen más caros en los barrios más ricos.

"Entendemos que esto no es una casualidad, sino que tiene toda la intencionalidad del mundo", ha dicho Colau, que considera que modular precios en función de la ubicación implica un retroceso a décadas pasadas y cargarse un modelo que ha trabajado en la cohesión social para abrirse a la segregación en función de la renta.

Además, ha criticado que el decreto no blinde la cualificación permanente de vivienda protegida para evitar que se privatice en el futuro, y que plantee que los ayuntamientos que no puedan promover vivienda en todo el suelo público del que disponen tengan que sacarlo a subasta: "Abre las bases para privatizar suelo público, como si no hubiésemos aprendido nada de la burbuja inmobiliaria".

"CRIMINALIZA" A FAMILIAS VULNERABLES

Ha dicho que el decreto prevé que las familias vulnerables que sean desahuciadas dejen de entrar a los sistemas de vivienda protegida y pasen a ser atendidos por servicios sociales para acceder a recursos habitacionales temporales, que ahora no existen, según Colau, que ha acusado al Govern de trasladar así "toda la responsabilidad a los ayuntamientos" a través de servicios sociales.

Además, ha avisado de que el decreto "criminaliza" a las familias desahuciadas, porque fija que sólo podrán acceder a estos recursos temporales aquellas que no tengan un informe negativo por parte de la policía o de las comunidades de vecinos, lo que trata como delincuentes y criminales a estas familias, según ella.

A preguntas de los medios, el gerente de Vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón, ha explicado que la tramitación de este decreto ha sido la causa por la que el consistorio y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han aplazado tres meses --hasta el 31 de julio-- la presentación de propuestas en su búsqueda de un socio privado para la sociedad metropolitana de vivienda.