Pau Villòria asegura que la colaboración de altos cargos con el Estado fue "mínima"
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El Comisionado para el Despliegue del Autogobierno y Contra los Efectos del 155, Pau Villòria, ha afirmado que la aplicación del 155 "fue un fracaso" como mecanismo para solucionar la situación política en Catalunya.
"Si se pretendía resolver un conflicto con una imposición unilateral, el objetivo no se ha alcanzado", ha destacado en su comparecencia en la comisión de investigación del 155 del Parlament.
Villòria ha explicado el informe que realizó sobre los efectos del 155 por encargo de la Generalitat y ha asegurado que la colaboración de los altos cargos de la administración catalana con el Estado fue "mínima".
En junio del año pasado fue nombrado por el Govern con la misión de analizar los efectos que había tenido la intervención de la autonomía catalana --que se prolongó entre octubre de 2017 y junio de 2018-- y elaborar un informe.
Como consta en ese informe, ha relatado que la aplicación del 155 supuso el cese de 234 cargos de la Generalitat y ha cifrado el impacto económico de la intervención en las cuentas catalanas en 1.800 millones de euros.
Sin embargo, ha concretado que las pérdidas directas, que no se hubieran producido sin el 155, fueron de 130 millones, en cuestiones como indemnizaciones, rescisión de alquileres y adaptaciones informáticas, entre otras.
"IMPOSICIÓN COACTIVA"
El también viceconseller de Presidencia para el Despliegue del Autogobierno ha calificado el 155 como una "imposición coactiva" del Estado y ha sostenido que la intervención de la autonomía catalana se basó, a su juicio, en medidas excesivas y no fue proporcional.
Asimismo, ha alertado de que el 155 fue "una operación perfectamente calculada para anular el autogobierno de Catalunya" y que permitió al Estado adquirir conocimiento sobre el funcionamiento de la administración de la Generalitat.
Por eso, ha avisado de que, si se vuelve a aplicar el 155, "lo tienen más fácil" porque ya sabrán cómo funciona la Generalitat y tienen más información.
ALTOS CARGOS
Ante la acusación del diputado de la CUP Carles Riera sobre que los altos cargos del Govern que no fueron cesados colaboraron con el Estado durante la aplicación del 155, Villòria --que en ese momento era secretario general de Empresa y Conocimiento-- lo ha negado.
"Intentamos que la afectación fuera mínima. Tramitamos lo mínimo posible porque no queríamos que Madrid se atribuyera ninguna de estas actuaciones", ha reivindicado.
Ha argumentado que intentaron que el 155 afectara lo mínimo posible a la ciudadanía y que trataron de proteger y apoyar a los funcionarios de la Generalitat.
"Pensamos que el mejor servicio era mantenernos ahí para hacer de tapón, de resistencia entre lo que era el Gobierno del Estado y la correa de transmisión de los trabajadores de la administración", ha defendido.
Riera ha criticado que, según él, los efectos del 155 fueron más importantes a nivel político que a nivel administrativo porque cree que el Estado "no encontró en la administración catalana un alto nivel de resistencia" y controló la Generalitat fácilmente.
En este sentido, ha negado que cuestione el papel de los funcionarios públicos, sino el de los cargos que tenían "responsabilidades políticas" y que considera que no se opusieron lo suficiente a la intervención del Estado en la administración catalana.
JXCAT, ERC Y COMUNS
La diputada de JxCat Gemma Geis ha apuntado que el 155 "no era un instrumento solo para cargarse la autonomía, era un instrumento de coerción, una herramienta útil para cargarse el independentismo", pero que con los resultados de las elecciones catalanas se evidenció que no ha funcionado.
Por parte de ERC, Gemma Espigares ha insistido en que el Estado quiso intervenir el autogobierno de Catalunya y "se hizo despreciando, humillando y haciendo persecución política".
Además, Elisenda Alamany (comuns) ha tachado el 155 como una herramienta coercitiva que utilizó el PP con la ayuda de Cs y el PSOE "para gobernar allí donde la gente no les vota".
No ha asistido a la sesión de la comisión el PSC, que ya anunció que no volvería a acudir pese a haberlo hecho en la sesión constitutiva y la que abordó el plan de trabajo, ni tampoco Cs y el PP, que rechazan participar en esta comisión.
