Condena histórica de un millón de euros al CatSalut por una paciente que quedó incapacitada

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Contencioso Administrativo 17 de Barcelona ha condenado al Servicio Catalán de Salud (CatSalut), al Hospital Sant Pau de Barcelona y a la compañía Zurich a pagar una multa histórica de más de un millón de euros por las "gravísimas" secuelas neurológicas y psiquiátricas que llevaron a la incapacidad a una chica de 29 años tras una operación de varices esofágicas.

Así lo ha anunciado este miércoles el abogado de El Defensor del Paciente José Aznar, que ha señalado que la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, fija una multa de cuya cantidad solo conoce otros tres casos similares en España, en Valencia, Madrid y Barcelona.

El fallo, que estima parcialmente la demanda de la familia de la joven que prácticamente no habla y padece una disminución del 79%, constata que la mujer recibió una alta indebida tras la intervención de varices esofágicas y un tratamiento inadecuado tras su reingreso por una fuerte hemorragia tan solo tres horas después de abandonar el hospital.

La mujer fue intervenida en 2007 en el Sant Pau para tratar unas varices de grado 1, si bien ya se había sometido a operaciones similares en 2005 y 2006 que, en el primer caso, también produjeron una serie de complicaciones que fueron tratadas "precisamente" y no derivaron en secuelas físicas y psíquicas, por lo que la sentencia fija que "no se entiende por qué no se hizo lo mismo en el año 2007".

SIN CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE

Además, el fallo reconoce que no existió el preceptivo y obligatorio consentimiento de la paciente ya que, aunque así se hizo en el pasado para intervenciones quirúrgicas parecidas, este hecho "no excusa para nada" la ausencia del mismo en 2007 porque "cada intervención es un supuesto distinto".

La sentencia, sobre la que cabe recurso, reconoce que existió una actividad médica inadecuada que llevó a una situación de riesgo desproporcionado por el tratamiento que se aplicó, una alta precipitada dado el riesgo de la paciente conocido por intervenciones anteriores y una falta de medios idóneos en el tratamiento de las complicaciones surgidas.

En total, el juez fija una compensación económica de 1.007.810 euros, de los que 124.000 corresponden a los familiares de la pacientes --el esposo que presentó la demanda debido a la incapacidad de su mujer y los dos padres de la joven--, además de la imposición de las costas a la Administración.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de El Defensor del Paciente ha señalado que la operación de su defendida suponía un "riesgo conocido y evitable", en base a lo sucedido en 2005, pero no se tuvo en cuenta.

EL MARIDO DEJÓ EL TRABAJO

Más allá del tratamiento erróneo que se le aplicó una vez reingresó de urgencias, Aznar ha lamentado que se le diera el alta tras una cirugía ambulatoria, precisamente por el historial de la paciente que desaconsejaba este punto.

En la misma línea, ha precisado que el marido de la incapacitada tuvo que dejar de trabajar para cuidarla, y ha deplorado los "retrasos indebidos" en dictar este tipo de sentencias que, en ocasiones, llegan cuando el afectado ya ha fallecido.