BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) entre 2007 y 2011, Jordi Anguera, ha afirmado este lunes en el Parlament que durante su mandato no recibieron quejas de consumidores por las participaciones preferentes, sino que llegaron meses después, cuando dejaron de pagarse intereses de emisiones.
En la comisión de investigación del Parlament sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores, ha explicado que el problema afloró cuando los ciudadanos dejaron de recibir intereses "y se dieron cuenta de que no tenían un depósito, sino un producto de alto riesgo".
Ha explicado que, mientras dirigió la ACC, no le constan denuncias por las participaciones preferentes, de las que ha señalado que contaban con folletos de emisión aprobados por el regulador sectorial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que no tenían motivos 'a priori' para dudar de estos productos.
Tampoco recuerda campañas publicitarias de estos productos en los medios de comunicación masivos, sino que se promocionaban directamente en las propias sucursales de las entidades financieras.
"En el tiempo en el que estuve yo, no había ningún input de que la venta de preferentes estuviese generando problemas en los consumidores", ha constatado a preguntas de los grupos parlamentarios.
Reconoce que "ha habido un engaño claramente a muchos consumidores que no daban el perfil adecuado para este tipo de inversión, porque no se dio la información necesaria al contratar", en algunos casos de forma más masiva que en otros, como se ha visto después, ha dicho.
Preguntado por la figura del defensor del cliente de la Federación Catalana de Cajas de Ahorros, ha señalado que un defensor del cliente pagado por las empresas es "difícilmente imparcial", y se ha mostrado favorable a que los financieros responsables de abusos asuman sus responsabilidades.
Mientras dirigió la ACC, este organismo de la Generalitat impuso 120 sanciones por servicios financieros, en un sector en el que la mayoría de reclamaciones recibidas eran por cláusulas abusivas, publicidad engañosa o falta de información al cliente.
