Asegura que "actuó en todo momento" de acuerdo al reglamento del Parlament
BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El abogado de la exdiputada de ERC Anna Simó, Raimon Toms, ha sostenido este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el juicio por presunta desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament "pone en riesgo el concepto de democracia parlamentaria".
Al exponer su informe final en la tercera jornada de juicio, Toms ha criticado que "la persecución penal de quien está ejerciendo sus funciones de parlamentario intensifica la injerencia" en el derecho de participación política y en la libertad de expresión de los diputados.
"El derecho de participación política estaría vacío de contenido si los representantes de la ciudadanía no pueden determinar el contenido de las iniciativas que presentan", ha dicho ante la acusación de que los exmiembros de la Mesa tramitaron iniciativas parlamentarias con contenido que podía ser inconstitucional.
Ha defendido que Simó "actuó en todo momento, en la tramitación de iniciativas parlamentarias, de acuerdo con el reglamento de la Cámara", lo que ve ha calificado como una garantía para los derechos de los diputados de todos los grupos y su derecho de iniciativa parlamentaria.
Toms también ha destacado que en este juicio "el 99,9% de la prueba practicada es indiscutida por las defensas, los hechos son públicos y notorios, están en actas y en el diario de sesiones".
Así, considera que no se están discutiendo hechos sino su concepción y consecuencias, y ha asegurado que "el debate se circunscribe en si la actividad parlamentaria puede ser limitada, censurada, si un órgano jurisdiccional puede limitar la actividad de un parlamento", en referencia al Tribunal Constitucional (TC).
"CONTROL PREVIO" AL DEBATE
Se ha referido a un cambio de doctrina en las actuaciones del TC, que considera que se hizo expresamente para responder al proceso independentista y que "establecía un control previo" a la actividad parlamentaria: sobre este punto, los acusados han explicado a la Sala que solo estudiaban la forma, y no el fondo, de las iniciativas parlamentarias al tramitarlas, mientras que se les juzga por admitir a trámite determinadas resoluciones por su contenido.
Sobre la acusación por tramitar la ley de Presupuestos de 2017, Toms ha mostrado su "sorpresa en la voluntad de imputar un delito de desobediencia en un hecho que nunca generó ningún tipo de controversia".
Ha negado que los letrados de la Cámara advirtieran sobre las cuentas, cuya tramitación se enjuicia porque contenían una partida para procesos electorales y supuestamente destinada al 1-O.
