BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Diputación de Barcelona de este jueves ha aprobado una proposición de ERC que pide limitar la velocidad de las travesías urbanas a 30 kilómetros por hora para reducir la siniestralidad y dar más seguridad a los viandantes.
La proposición, que se ha aprobado por unanimidad, reclama que la corporación modifique la señalización de la velocidad de tráfico a partir de la petición de los propios ayuntamientos teniendo en cuenta la modificación del reglamento de circulación, que entró en vigor en mayo de 2021.
La proposición también pide realizar los cambios de señalización en las travesías urbanas de doble carril por lado a 50 kilómetros por hora y en caso de las zonas de plataforma única y prioridad para peatones a 20 kilómetros por hora.
Además, el texto propone ofrecer a los entes locales "de manera gradual y según las disponibilidades" la colocación de paneles luminosos disuasivos en las travesías urbanas con la cofinanciación de los ayuntamientos que lo soliciten, y realizar una campaña comunicativa de sensibilización para reducir la siniestralidad en la red viaria.
El diputado de Infraestructuras y Espacios Naturales, Pere Pons, se ha comprometido a estudiar estas cuestiones, aunque ha advertido de que no tienen competencias en la materia y que es una cuestión de la que se ocupa el Servei Catal de Trnsit (SCT), y ha apostado por hacer más políticas locales para cambiar el hábito de las personas.
En este sentido, ha opinado que, a pesar de limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora, "no cambia el hábito" de los conductores, y ha asegurado que trabajarán para incrementar la partida presupuestaria en esta línea para abordar todas estas cuestiones.
FINANCIACIÓN LOCAL
En el mismo pleno, se ha aprobado una proposición de En Comú Guanyem que insta a la Generalitat a abordar "de manera urgente" la nueva ley de financiación local y al Estado a elaborar y aprobar una nueva ley de haciendas locales.
El texto, que ha contado con los votos a favor de En Comú Guanyem, Tot per Terrasa, ERC y PSC; la abstención de Junts y Cs y el voto en contra del PP, también pide al Estado revisar los beneficios fiscales de la Iglesia "en el marco de una revisión general de los beneficios fiscales en tributos locales".
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