SABADELL (BARCELONA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los detenidos en la trama de presunta corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) han empezado a declarar a las 11 horas de este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de esta ciudad, con la presencia del fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo.
A lo largo de este viernes declararán los 12 detenidos, entre los que están constructores que presuntamente se beneficiaron de contratos urbanísticos del consistorio a cambio de pagar una cuota inicial de 120.000 euros más una comisión del 3% del coste total de la obra, así como el exconcejal del PP, Jordi Soriano.
Según han explicado fuentes judiciales, los primeros que comparecerán ante el juez serán los que tienen menor relevancia en la trama, y se prevé que por la tarde pasen los más implicados; de hecho, entre los últimos en declarar está Soriano, que podría tener un rol de 'conseguidor' o 'intermediario' entre los cargos públicos y los empresarios.
En el caso de que el fiscal decida pedir prisión provisional para alguno de los arrestados, se decidirá a última hora una vez todos ellos hayan declarado.
Un abogado de dos constructores de Sabadell, Santiago Parra, ha explicado a la entrada de los juzgados que sus clientes no tienen nada que ver con la trama ya que las fechas que se están investigando no tienen relación con ellos.
Ha confiado en que se demuestre con las declaraciones de este viernes que "no hay ninguna participación de los implicados".
El juez investiga también si desde el consistorio se gestionó de forma fraudulenta fondos del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, 'Plan E', que impulsó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis, han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
Se trata de un nuevo frente a investigar más allá del entramado que presuntamente exigía por adelantado el pago mínimo de 120.000 euros a empresarios para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública para repartirse entre políticos y funcionarios implicados, y el pago del 3% en dinero negro que pagaban al acabar las obras.
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