Entidades de derechos humanos piden "adecuar" las leyes del CNI a tratados internacionales

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de entidades dedicadas a los derechos humanos han reclamado en un manifiesto "adecuar" las leyes que regulan el CNI y su control judicial de acuerdo con los estándares de claridad, previsibilidad, accesibilidad y protección de derechos que constan en los tratados internacionales que ha ratificado España.

El presidente de Lafede y de NovAct, Luca Gervasoni; la codirectora de Irídia Anas Franquesa; el presidente honorario de la AED - European Democratic Lawyers, Robert Sabata; y la portavoz de la Organitzación Mundial Contra la Tortura, Cecilia de Armas, han presentado el manifiesto este martes en una rueda de prensa a raíz de los casos de espionaje con Pegasus.

Franquesa ha recordado que la ley del CNI, creado en 2002, prevé la posibilidad de hacer investigaciones pero "sin embargo la ley no especifica los mecanismos de las investigaciones, cuáles son sus límites ni el abasto de las comunicaciones".

"No puede ser que una ley permita investigaciones especiales y no detalle qué investigaciones y contra quién", y ha añadido que la regulación tampoco concreta el abasto del control judicial al que están sometidas estas investigaciones.

Por eso, el manifiesto --firmado por entidades catalanas, estatales e internacionales-- critica la "vaguedad e indefinición de las normas reguladoras del CNI", y al preguntársele Franquesa ha detallado que han trasladado la petición de cambiar la ley a grupos del Congreso y el Parlament.

Para Sabata, "la propia ley propone investigaciones prospectivas, investigar a todo el mundo a ver si encuentran algo, y esto es profundamente antidemocrático", y ha señalado que va contra la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Por su parte, Gervasoni ha pedido avanzar en regulación internacional contra los espionajes y que las administraciones pongan a disposición de la ciudadanía formas de saber si han estado infectados o no.

Gervasoni también ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat que "se comprometan a no comprar, no utilizar y cesar completamente" el uso del software Pegasus, y en este sentido ha señalado que el FBI renunció a usarlo.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Las 33 entidades que firman el manifiesto prevén presentarlo en la Eurocámara y a relatores especiales de Naciones Unidas, y además reclaman que el Congreso abra una comisión de investigación por los espionajes porque la Comisión de Secretos "no sirve", y han recordado que todavía no se ha reunido durante esta legislatura.

El manifiesto rechaza el uso de esta tecnología "contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogacía, miembros de organizaciones de la sociedad civil, representantes políticos y ciudadanía en general", y sostiene que no es legal ni democrática.