Entidades piden que la ley incluya el suministro eléctrico de "emergencia" en caso de pobreza

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) y Enginyeria Sense Fronteres (ESF) ha pedido que se modifique la Ley del sector eléctrico y los real decretos 88/2026 y 897/2017 para crear formalmente un mecanismo de "suministro de emergencia por vulnerabilidad y exclusión social".

Lo han explicado ambas entidades este martes en un acto en el Col·legi de Periodistes de Barcelona, en el marco de la presentación del 'Informe sobre el subministrament d'energia elèctrica com a instrument de protecció social enfront de la pobresa energètica', en el que defienden que "existen vías jurídicas para regularizar el suministro eléctrico de viviendas vulnerables que no pueden acreditar un título habilitante sobre la vivienda", informa en un comunicado la APE.

Según las entidades, la crisis de la vivienda está dificultando también el acceso al suministro eléctrico regular de los hogares en situación de vulnerabilidad, ya que en algunos casos no pueden contratar legalmente la electricidad al no contar con estos títulos habilitantes y deben recurrir a conexiones irregulares.

El mecanismo propuesto permitiría el alta o reactivación excepcional del suministro en hogares en situación de vulnerabilidad severa o riesgo de exclusión social, a través de una acreditación de los servicios sociales, además de que las deudas anteriores de la persona solicitante no bloqueen el acceso a un nuevo suministro.

El representante de APE y ESF, Josep Babot, ha defendido que "hace falta garantizar que ninguna familia tenga que escoger entre vivir a oscuras o asumir los riesgos de una conexión irregular", y ha pedido que se impulsen las medidas necesarias para hacer efectivo este mecanismo.

RESPUESTA INMEDIATA

A corto plazo, el informe propone la firma de un convenio entre la Administración y las comercializadoras para posibilitar la activación de este mecanismo, que establezca un procedimiento específico para los suministros de emergencia en el que los servicios sociales acrediten la situación de vulnerabilidad y las instalaciones tengan que superar verificaciones técnicas.

También plantea que la Generalitat de Catalunya "regule la calidad de la atención contractual de las comercializadoras de referencia, garantizando una tramitación objetiva, transparente y no discriminatoria", así como la obligación de justificar por escrito las denegaciones y establecer vías de reclamación.