Archivo - Panel informativo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en las rondas de Barcelona. - ROBERT RAMOS/AMB - Archivo
BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta una petición presentada por la Asociación PARC - Afectados por las restricciones de movilidad, que reclama que se revise la zona de bajas emisiones de Barcelona y el Plan Metropolitano de Movilidad 2019-2024, al considerar que las restricciones a determinados vehículos vulneran el principio de proporcionalidad y la normativa europea.
Así lo ha constatado la presidencia de la comisión parlamentaria que, tras el debate, ha pedido al Ejecutivo comunitario una respuesta por escrito sobre el expediente, en el que los promotores sostienen que la normativa de calidad del aire no justifica prohibiciones generales por categorías y ponen en duda que las medidas adoptadas en Barcelona se ajusten plenamente al marco jurídico de la Unión.
Por su parte, la Comisión ha recordado que la Directiva de calidad del aire establece valores límite obligatorios para contaminantes como el dióxido de nitrógeno y que, en caso de superación, los Estados miembro deben adoptar planes de acción para que el periodo de incumplimiento sea "lo más breve posible".
Asimismo, ha señalado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en 2022 el incumplimiento de España por superar los valores límite de NO2 y que corresponde a las autoridades nacionales adoptar medidas eficaces para ejecutar la sentencia, incluidas zonas de bajas emisiones.
En este tendio, subraya que el Tribunal ha priorizado la efectividad de las medidas para proteger la salud pública, si bien el control de proporcionalidad corresponde a los tribunales nacionales. Además, el Ejecutivo comunitario añade que, según la información disponible, la nueva ordenanza adoptada por Barcelona tras la anulación de la anterior ha sido considerada conforme al principio de proporcionalidad por los tribunales españoles.
En el turno de los grupos, la eurodiputada socialista Sandra Gómez ha recordado que el plan metropolitano 2019-2024 al que se refieren los peticionarios ya no está vigente y ha subrayado que la regulación actual de la zona de bajas emisiones se basa en una nueva ordenanza municipal que, a su juicio, es acorde con la normativa estatal y europea y respeta el principio de proporcionalidad.
Desde el Partido Popular Europeo (PPE), el eurodiputado Fredis Beleris ha señalado que comparten los objetivos europeos en materia de calidad del aire y lucha contra el cambio climático, pero no "las formas" en que se han aplicado determinadas restricciones en el área metropolitana.
También Juan Carlos Girauta, de Vox, ha cuestionado las prohibiciones permanentes a determinados vehículos y ha advertido del impacto que, en su opinión, pueden tener sobre determinados sectores de la población.