Familiares de Prenafeta evitan la cárcel al declararse culpables de lograr ilícitamente ayudas de la UE

Se quejan de que la prensa haya seguido en la Audiencia Nacional el juicio en el que han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 22 (EUROPA PRESS)

El hermano y el sobrino del exalto cargo de CiU Lluís Prenafeta han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por el que han reconocido su implicación en un fraude para obtener de forma ilícita ayudas de la Unión Europea y que les ha permitido eludir su ingreso en prisión.

El pacto alcanzado entre el fiscal Daniel Campos con la defensa del hermano de Lluís Prenafeta, Francesc Prenafeta Garrusta, y de su sobrino, Pau Prenafeta Esteve, ha implicado rebajar de tres a dos años la pena de cárcel a la que se enfrentaban y el pago de sendas multas de 70.635 euros. Se ha apreciado la concurrencia de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y colaboración activa en el proceso.

A la salida de la vista oral, Francesc Prenafeta ha preguntado a la prensa si los procesados eran tan importantes como para que se cubriera su juicio. En su respuesta, los informadores han explicado el proceso cobra relevancia dada su relación de parentesco con quien fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat.

Tras tildar de "retorcido" este argumento, Francesc Prenafeta se ha dirigido con semblante serio hacia el resto de acusados y abogados defensores que aguardaban en los pasillos de la Audiencia Nacional.

PAGO DE MULTAS

Por su parte, los empresarios y trabajadores de las sociedades que participaron en la trama Montserrat Torra, Joaquin Sastre, Fernando Rabell y Jaime Rabell también han aceptado el pago de multas, que oscilan entre los 83.260 y los 218.398 euros, y la reducción de las penas de cárcel desde los tres hasta los dos años.

Cada uno de los acusados ha respondido afirmativamente cuando se les ha preguntado si se declaraban responsables y conformes con los delitos continuados de obtención indebida de los fondos de los presupuestos generales de la Unión Europea que se les atribuía.

Los abogados defensores han solicitado que las penas de prisión queden en suspenso y que se aplace durante dos años el pago de la multa al "no resultar posible" su inmediata satisfacción.

La responsabilidad civil se decidirá en ejecución de sentencia. En el caso de que se verifique que la Unión Europea ha sido resarcida, los condenados no deberán abonar cantidad alguna, sin perjuicio de que Bulgaria --país que ya persiguió estos hechos y que ha podido pagar el fraude-- se dirija contra ellos en un procedimiento civil.

Los condenados participaron en una trama que 'inflaba' precios de maquinaria agrícola para obtener indebidamente una mayor cantidad de ayudas comunitarias. El Ministerio Público había pedido inicialmente que Francesc y Pau Prenafeta fueran condenados a tres años de cárcel, al pago de multas de 300.000 euros y que restituyeran a los Veintiocho con 141.270 euros.

AYUDAS POR LA ADHESIÓN DE BULGARIA

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que el fraude se cometió con motivo de las ayudas que la Comunidad Europea decidió entregar a finales de los años noventa a varios países candidatos a la adhesión para que pudieran llevar a cabo medidas sociales y económicas y facilitar así la integración de sus economías a las del marco comunitario.

En el marco del Programa especial de adhesión para la agricultura y el desarrollo rural de la República de Bulgaria --llamado programa Sapard-- diversas empresas búlgaras solicitaron subvenciones para adquirir maquinaria relacionada con la industria cárnica y de alimentación, que serían sufragadas en un 75% por la Unión Europea y en un 25% por Bulgaria.

Los acusados, actuando en representación de compañías españolas suministradoras de dicha maquinaria, se concertaron con otras empresas búlgaras para falsear los precios que presentaron en varios proyectos con un valor por encima del precio del mercado, logrando así que la UE librara fondos en una cuantía "muy superior" al valor de las máquinas.

Como ejemplo, Serveis Industrials Automatizats, gestionada por Pau y Francesc Prenafeta, firmaron varios contratos para la venta de maquinaria en los que elevaron los precios en miles de euros y justificaron el sobreprecio con facturas falsas en las que hacían constar servicios ficticios.

Las empresas búlgaras implicadas en el fraude fueron AVA, PRIM y ET Milena Boris Kikiov, cuya interlocución con las empresas españolas fue llevada a cabo por el ciudadano búlgaro, Petko Michev. En Bulgaria ya se siguió el procedimiento oportuno contra sus nacionales implicados en la trama.