BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Federación Catalana de Voluntariado Social (Facvs), Francina Alsina, ha enviado una carta al presidente de la Plataforma de Voluntariado de España, Luciano Poyato, en la que reclama que Catalunya pueda gestionar la recaudación de la casilla para fines sociales, tal y como falló el Tribunal Supremo a finales del mes de enero.
"No entendemos vuestros miedos a una organización territorial y autonómica ni a que los recursos obtenidos a través del 0,7 del IRPF que marcan los ciudadanos para que reviertan en beneficio de las entidades sociales no puedan ser gestionados por los gobiernos respectivos", destaca el inicio de la misiva.
Para Alsina, la sentencia del TS beneficia la actuación local de las más de 4.000 entidades sociales que hay en Catalunya y permitirá "un reparto más equitativo", que permitirá aumentar los más de 1.000 proyectos financiados con la casilla solidaria en 2011.
El fallo destaca que es competencia del Estado la regulación de los aspectos centrales de las subvenciones para programas con fines sociales, pero "es competencia de la Generalitat su gestión y la tramitación, resolución y pago".
Los contribuyentes pueden optar por tres casillas desde el año 2000: destinar el 0,7% a fines sociales, asignar el 0,7% a la Iglesia, o escoger las dos opciones por igual, que permite destinar el 1,40% de los impuestos del contribuyente.
En la pasada declaración, un 30% de los catalanes marcaron la casilla de fines sociales, un 13% la de la Iglesia, un 12% las dos y un 45% no marcaron ninguna.
AUTOGOBIERNO CATALÁN
Por su parte, el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha explicado que la gestión del 0,7% del IRPF es una "exigencia respecto al autogobierno catalán" y ha avanzado que el Ejecutivo seguirá reclamando el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado.
En declaraciones en el pleno del Parlament, Cleries ha recordado que este aspecto supone "una reivindicación constante de todos los gobiernos de la Genetalitat", destacando que implica un aumento de 29 a 49 millones de euros anuales para Catalunya.