Su abogado solicita su absolución porque no fomentó ninguna "algarada" ni manipuló políticamente a Mossos
BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, en prisión preventiva por la causa del proceso soberanista, pedirá que declaren como testigos en el juicio en el Tribunal Supremo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, miembros de la excúpula del Ministerio de Interior y el exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo.
En su escrito de defensa, en el que pide la absolución por los delitos de rebelión y malversación, el abogado de Forn, Xavier Melero, pide citar como testigos al exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior José Antonio Nieto; el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, y el exdirector del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad Diego Pérez de los Cobos.
Sobre Carles Puigdemont, el abogado precisa que dado "el especial estatus procesal del testigo propuesto, su declaración debería instrumentarse mediante mecanismo de cooperación judicial internacional y concretarse a través de videoconferencia".
El exconseller de Interior también pide que declaren los comisarios de los Mossos Ferran López --responsable del cuerpo durante la aplicación del 155--, Manel Castellví --responsable de la Comisaría General de Información--, Emili Quevedo y Joan Carles Molinero, así como los exresponsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, el exconseller Jordi Jané y el exdirector de Mossos Albert Batlle.
SE ACATÓ LO ORDENADO POR EL TSJC
En el escrito de defensa, el abogado de Forn rechaza que cometiera el delito de rebelión porque "no ha fomentado ningún tipo de enfrentamiento ni de algarada, ni ha manipulado la actuación del cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra contraviniendo lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC)".
El exconseller admite que, en sintonía con la voluntad de su partido político, del gobierno de coalición del que formó parte, y de sus electores, impulsó "un proceso tendente a la consecución de la independencia de Catalunya por medios pacíficos".
Asimismo, apoyó "la celebración del referéndum del 1 de octubre como una manifestación del derecho a la libertad de expresión y a la participación política de un concreto (bien que estimable) sector de la población de Catalunya".
Argumenta que si la rebelión se caracteriza por "colocar al Estado en una situación límite", legitimando al estado para recurrir al poder militar, ninguno de los acontecimientos ocurridos en Catalunya durante el año 2017 reviste tales características, y que prueba de ello es que posteriormente el Gobierno aplicó el artículo 155 sin la menor resistencia.
NO SE DECLARÓ EL ESTADO DE SITIO
En la misma línea, recoge que Estado no se vio en la necesidad de activar en ningún momento los mecanismos que la ley pone a su disposición para conjurar una crisis de naturaleza insurreccional, ni se declaró el estado de sitio previsto para estos casos.
"Sólo puede subsumirse en el delito de rebelión la insurrección o la sublevación contra el ordenamiento constitucional realizada por una pluralidad de personas notoriamente dotadas de organización y de armamento idóneos para conseguir sus propósitos. Para lo cual, además, emplean la violencia", advierte.
El abogado, en su escrito, lamenta asimismo que el relato de hechos de la Fiscalía, que les acusa de estos delitos, recoja "como hechos incontrovertidos lo que no son más que las sesgadas y parciales conclusiones" de los atestados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Sobre el 1-O, asegura que Forn "no participó en el diseño del operativo policial ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político, ni, aún menos, técnico", que no hubo infradotación de medios en el dispositivo, y que ni siquiera estuvo presente en la Sala de Coordinación de los Mossos (Cecor), ni emitió directriz alguna a los responsables de la misma.
Tampoco incitó a parte de la población "a alzarse violentamente frente a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo a cualquier precio la jornada de votación declarada ilegal".
ACATÓ EL 155
Defiende que acató la aplicación del artículo 155 "aun antes de que le fuera comunicado oficialmente su cese" y que explicó al personal de su departamento y no volvió a acudir a su despacho.
Además, resalta que ni en el ejercicio de sus funciones como conseller de Interior ni en cualquier otra condición "incitó a las masas a oponer violenta resistencia a la actuación de la comisión judicial" del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona con el objetivo de impedir que ésta pudiera llevar a cabo los registros y detenciones del 20 de septiembre.
Su abogado añade que Forn consideró en todo momento "que una negociación con el Estado era posible y datos objetivos descartan que ésta fuera una creencia irracional": el propio día 26 de octubre aun era posible una convocatoria de elecciones por parte del presidente de la Generalitat.
