La Fundación Ferrer i Guàrdia alerta de una "desigualdad" territorial en el concierto social

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ferrer i Guàrdia ha alertado de una "gran desigualdad" entre territorios en el desarrollo del concierto social, fruto de la competencia autonómica para aplicar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Es una de las conclusiones de la tercera edición del 'Estudio sobre la financiación del Tercer Sector de Acción Social (TSAS): Hacia la reformulación del concierto social', informa la Fundación en un comunicado de este viernes.

Esta edición se centra en los conciertos sociales, un mecanismo de colaboración público-social --regulada por la LCSP-- aplicado "de manera desigual" entre comunidades autónomas, lo que según la Fundación genera dificultades.

El estudio constata que la precariedad económica y la inestabilidad contractual "continúan afectando a la capacidad del sector para garantizar servicios de calidad".

DESPLIEGUE DESIGUAL ENTRE COMUNIDADES

Entre las realidades analizadas, Madrid "prácticamente no ha desplegado el modelo"; Euskadi cuenta con una normativa avanzada, pero parada por sentencias judiciales; Catalunya tiene un modelo en evolución y un debate abierto en el Parlament, y Baleares presenta un modelo consolidado, pero con riesgo de mercantilización.

El trabajo identifica 8 retos comunes que "limitan el potencial" del concierto social, como la falta de definición del modelo --que a menudo se confunde con subvenciones o contratos-- y la inseguridad jurídica consecuencia de la disparidad normativa.

La Fundación insiste en que el concierto social solo puede funcionar "si se desarrolla con recursos suficientes, criterios homogéneos y un marco legal que proteja la misión social de las entidades".