Generalitat y colegios profesionales colaborarán para revisar los edificios de más de 45 años

GENCAT

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas de Catalunya colaborarán para controlar los informes de inspección técnica de edificios (ITE) al que se deben someter los edificios de más de 45 años.

En virtud de los convenios firmados este lunes, un técnico --arquitecto, aparejador o ingeniero de edificación-- inspeccionará visualmente el estado de las viviendas y, en caso de detectar deficiencias, lo comunicará al dueño y al ayuntamiento del municipio para que tomen medidas.

El resultado de la inspección también se emitirá a través de la Agencia de Vivienda de Catalunya en forma de certificado --apto o no apto--, cuya vigencia será de diez años.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha celebrado el acuerdo, y ha subrayado la necesidad de fomentar la cultura de mantenimiento de los edificios.

"No llevar el coche a la ITV parece una irresponsabilidad, pero se ve de un modo diferente cuando se trata del mantenimiento del edificio", ha señalado.

En este sentido, ha destacado el papel de los administradores de fincas, que conocen el día a día de las comunidades y gozan de su plena confianza, a la hora de convencer a los propietarios de la necesidad y la conveniencia de someterse a la ITE.

El presidente del colegio de administradores de fincas, Enrique Vendrell, ha apuntado que la predisposición de las comunidades a revisar sus viviendas dependerá de la simplicidad del proceso, y ha asegurado que informarán a quien lo precise de las ventajas de cumplir la norma.

La Conselleria prevé que todos los edificios que deben pasar la ITE lo hagan en un período de cuatro o cinco años, y Recoder ha emplazado a los propietarios a tomar la iniciativa y pedir la revisión para que "no sea necesario imponer las sanciones que prevé la Ley de Vivienda".

Según ha calculado, la inspección de un edificio de entre 12 y 22 viviendas costaría unos 50 euros por casa, algo irrisorio en comparación con el coste que puede suponer la reparación de los desperfectos "fruto de la dejadez".

Además, ha aconsejado que las comunidades tengan un "técnico de cabecera", es decir, un profesional de confianza que revise regularmente las instalaciones para solventar cualquier deficiencia antes de que se agrave y resulte más caro.

EXTENDER LA OBLIGACIÓN

La presidenta del colegio de aparejadores, Maria Rosa Remolà, ha aplaudido este acuerdo y la obligatoriedad de someter a los edificios antiguos a revisión, pero ha señalado que "hace falta ir más allá".

En este sentido, ha instado a la conselleria a ampliar el ámbito de aplicación de las ITE a los edificios públicos, así como a revisar la eficiencia energética de las viviendas más antiguas.

No obstante, el secretario general de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, ha recordado que la Ley de Vivienda aprobada durante la anterior legislatura solo habla de viviendas particulares, y ha considerado que "es un reto suficientemente grande de momento".