BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha explicado este miércoles que ha transmitido "toda la información requerida" al Ministerio de Exteriores para que la remita a la Comisión Europea, tras el emplazamiento de ésta al Gobierno central a reforzar las medidas de protección del Delta del Llobregat.
En un comunicado, el departamento ha explicado que ha comenzado a trabajar en la ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de las reservas naturales del Delta del Llobregat, tal como pedía la carta de emplazamiento que la CE dirigió en febrero al Gobierno central.
Ha señalado que ha mantenido reacciones bilaterales con cada uno de los ayuntamientos del Delta del Llobregat para informarlos de la situación y de los pasos que se están dando para tramitar la ampliación de las ZEPA, así como el plan de protección del medio natural y del paisaje de los espacios naturales protegidos, que requiere de un desarrollo más largo; actualmente, se están realizando los trabajos técnicos y las reuniones de trabajo previas a la fase de información pública.
El departamento ha remarcado que la ampliación de las dos infraestructuras que impactan en el delta, el puerto y el aeropuerto de Barcelona, son "responsabilidad" del Estado, y que es el Gobierno quien debe impulsar las actuaciones compensatorias necesarias para dar cumplimiento al requerimiento europeo.
La conselleria ha vuelto a pedir al Gobierno central que cumpla e incremente las medidas ambientales compensatorias establecidas en su día, "después de demostrarse insuficientes".
La Generalitat ha explicado que prevé invertir a través de la Agncia Catalana de l'Aigua (ACA) más de 74 millones de euros para mejorar el estado ambiental del Delta del Llobregat y de su parque agrario durante el periodo 2022-2027.
Los ayuntamientos de El Prat, Viladecans y Sant Boi de Llobregat (Barcelona) habían reclamado este miércoles una mayor inversión y protección para el Delta del Llobregat, coincidiendo con el límite de dos meses que la Comisión Europea dio al Gobierno central y la Generalitat para responder a un expediente dictado ante el deterioro de este entorno natural.
