El Govern condonará la deuda de las prestaciones a jóvenes extutelados pagadas indebidamente

Martínez Bravo lo defiende "para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables"

   BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

   La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este jueves que el departamento impulsará la condonación de la deuda de las prestaciones para jóvenes extutelados que se habrían pagado indebidamente.

   Lo ha dicho en su intervención en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, sobre el Informe de fiscalización 6/2025 sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo de la Conselleria de Derechos Sociales, correspondiente al ejercicio de 2022.

   Martínez Bravo ha afirmado que la Conselleria está estudiando las vías legales que harán posible esta condonación de deuda por los pagos indebidos: "La condonación no es la solución, es la manera para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables".

   La medida se debe a la revisión de la prestación de extutelados que la Conselleria puso en marcha en junio de 2025 a raíz de su traspaso de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) a la Direcció General de Prestacions Socials.

   El principal motivo que habría generado estos pagos indebidos en la prestación de extutelado sería el inicio de la actividad laboral de los jóvenes beneficiarios y la dilación en ajustar la cuantía de la prestación a las nuevas circunstancias de los jóvenes: esta situación de desajuste afectaría al 85% de los expedientes con posibles pago indebidos.

SE HAN RECUPERADO 70 MILLONES DE PAGOS INDEBIDOS

   La consellera ha explicado que los pagos indebidos no son una irregularidad, sino que surgen por la falta de agilidad en la administración para ajustar cuantías o suspender prestaciones, y ha añadido: "Los pagos indebidos salen a la luz cuando las administraciones públicas tienen capacidad para detectarlos".

   Sobre los 167,56 millones de euros de pagos indebidos entre 2026 y 2024, Martínez Bravo cree que es una cantidad "considerable" pero que hay que contextualizarla en el volumen de las prestaciones en el ámbito social, ya que dice que supone el 1,6%; y defiende que de los 167 millones ya se han recuperado 70.

   Además, ha avanzado que ya se ha encargado una primera auditoría, y que encargarán una segunda, para "acabar de esclarecer todos los hechos"; y confía que en 2026 habrá unos presupuestos con un refuerzo sustancial, dice textualmente, en el ámbito social.

"RESULTADOS TANGIBLES"

   Por otro lado, ha asegurado que la transformación que ha emprendido su departamento de la gestión de prestaciones y contra los pagos indebidos ya "está dando resultados", en referencia a un menor tiempo de espera, más solicitudes resueltas y una gestión más eficiente, explica.

   Ha recordado que el informe de la Sindicatura de Comptes hace referencia al ejercicio 2022 pero que no representa la situación actual, y defiende que las actuaciones emprendidas los últimos meses están dando "resultados tangibles", como la gestión de prestaciones en base a datos y revisiones automáticas.

   Los cambios se están desarrollando pasan por un nuevo liderazgo del equipo directivo y el refuerzo de la Direcció General de Prestacions Socials; un plan de choque desde el verano de 2023 para mejorar los procesos; la aceleración de la transformación tecnológica; la reforma de la Renta Garantizada para hacer efectivo el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital; entre otros.

GRUPOS

   En la intervención de los grupos, la socialista Mónica Ríos ha insistido en la voluntad del Govern de trabajar para reducir los pagos indebidos y ha destacado las mejoras conseguidas; y por Junts, Maria Àngels Planas ha hecho referencia a las palabras de la consellera sobre que una de las deficiencias es la externalización del seguimiento y le pide saber qué control se quiere implantar.

   El republicano Joan Ignasi Elena insiste en que "tiene todo el sentido del mundo que hayan ayudas a personas vulnerables" y defiende el plan de choque impulsado; y Montserrat Berenguer (PP) insiste en la relevancia de los mecanismos de seguimiento y supervisión y cree que la cartera de servicios sociales está obsoleta, en sus palabras.

   María Elisa García (Vox) se ha dirigido a la consellera para decirle que "su departamento está de corrupción hasta las cejas" y que tiene la obligación de dimitir, algo que también ha pedido su compañero Javier Ramírez; y por los Comuns, Núria Lozano ha considerado que los errores de la administración no los pueden cargar las familias y que es una irresponsabilidad política.