El Govern impulsa pruebas piloto que permitan regar y proteger las Zonas Zepa del Segarra-Garrigues

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat ha impulsado pruebas piloto autorizadas por la Unión Europea (UE) y contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para estudiar si es posible el riego en las Zonas Zepa y la protección de las aves al mismo tiempo.

En declaraciones a Europa Press, el conseller del ramo, Josep Maria Pelegrí, ha explicado que "hay posibilidades reales de regar estas zonas" y se está estudiando el tipo de riego a utilizar para que estos hábitats estén completamente protegidos.

Según Pelegrí, estas pruebas piloto se están empezando y detrás de ellas hay todo un proceso de implementación, monitorización y estudios programados a través de la DIA que "demuestran que el riego de las Zonas Zepa no es incompatible con su protección".

El área regable del canal Segarra-Garrigues son 70.000 hectáreas, de las que unas 35.000 son Zonas Zepa, y a pesar de que esta infraestructura todavía no tiene fecha de finalización de las obras --la crisis ha ralentizado los trabajos--, actualmente hay más de un 70% de la obra acabada y puede dar servicio a 5.000 hectáreas potenciales.

El conseller ha indicado que el Govern tiene tres retos con este canal: mantener la ejecución de la obra, que los regantes confíen en esta infraestructura y que se apunten, y demostrar a través de las pruebas piloto que es compatible la protección de las aves y el riego.

Ha destacado que la ley ómnibus permitió que toda la obra no la tuviera que hacer la Generalitat, sino que las comunidades de regantes pudieran asumir parte de estas actuaciones --los trabajos que comunican los ramales secundarios con la finca para que llegue el riego--, lo que supone dos ventajas: reducir los costes del Govern y agilizar las obras.

El canal Segarra-Garrigues tiene un coste total de alrededor de 1.100 millones de euros incluyendo el canal principal, cuyas obras corresponden al Estado y que ascienden a unos 444 millones; los ramales secundarios, que van a cargo de la Generalitat; y la conexión con las fincas, unos trabajos asumidos por las comunidades de regantes.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido por Miguel Arias Cañete, interpuso en octubre un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el Govern por el impago de 71 millones de euros correspondientes a la financiación, ejecución y explotación del canal Segarra-Garrigues de los años 2009, 2010 y 2011.

Pelegrí ha asegurado que el Govern está preparando la respuesta a este recurso impuesto por el Ejecutivo central, y ha afirmado con rotundidad: "Contestaremos".

Ha sostenido que estos 71 millones se deben a que el Govern decidió asumir el coste de las obras de canal secundario que estaba realizando AcuaEbro --se convino así con el Estado-- y que correspondía a los regantes, y aunque el Gobierno ha ido ejecutando esta obra, la Generalitat no ha pagado las anualidades.

El conseller ha defendido que si el Gobierno hubiera pagado a Catalunya lo que le corresponde de la disposición adicional tercera del Estatut, unos 2.658 millones de euros de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, el Govern podría hacer frente a esta deuda de 71 millones y que asciende a 94 si se tiene en cuenta 2012.

"Se trata de una infraestructura de agua. Es inversión pública y, por tanto, es dinero que el Estado debería de pagar. Si el Estado nos diera el dinero que nos debe para infraestructuras, pagaríamos", ha remachado.