BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad tiene pendiente la constitución de 28 consorcios para la creación de 73 Áreas Residenciales Estratégicas (ARE), según han explicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por Lluís Recoder.
En total, los planes del anterior gobierno tripartito preveían el desarrollo de 62 consorcios a constituir entre el Incasòl y los diferentes ayuntamientos afectados, que corresponden a las 73 ARE, con lo que se permitiría la construcción de 73.923 viviendas, la mitad de las cuales serían protegidas.
Hasta el momento, se han constituido 34 consorcios urbanísticos que prevén el desarrollo de 44 ARE repartidas por toda Catalunya y, en concreto, se trata de los consorcios constituidos con los municipios de Badalona, Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Figueres, L'Hospitalet, Palafrugell, El Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Valls y Vic, que tienen como objetivo el desarrollo de más de una ARE.
Además, hay cuatro consorcios que tienen los estatutos ya aprobados, tanto por el ayuntamiento en cuestión como por la Generalitat, y están pendientes de fijar la fecha para su constitución.
Asimismo, hay otros nueve consistorios que han aprobado los estatutos del consorcio y queda pendiente la aprobación del Govern, dos de los cuales corresponden a los ARE de Sant Feliu de Guíxols y Vila-Seca.
Dos ayuntamientos han empezado el trámite municipal y han aprobado inicialmente los estatutos del consorcio, pero no han resuelto la aprobación definitiva, mientras que el resto de consorcios no han iniciado todavía la tramitación para su constitución.
Los consorcios que tienen más avanzada la gestión para el desarrollo de las ARE son el de Argentona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Martorell, El Prat de Llobregat y Vall.
El Gobierno de la Generalitat aprobó en 2007 el primer decreto ley de la historia de Catalunya, acogiéndose a la posibilidad abierta por el nuevo Estatut, en el que establecía varias medidas urgentes de adquisición de suelo a precio asequible para poder poner en el mercado las 160.000 viviendas de protección oficial que preveía el Pacto Nacional por la Vivienda.
Este decreto ley crea las denominadas ARE, nuevos sectores de urbanización que deberán tener una densidad mínima de 50 viviendas por hectárea y en los que la mitad de las viviendas deben ser de protección pública.
REVISIÓN DEL PACTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
La Generalitat actualizará el Pacto Nacional de la Vivienda con diversas reuniones con los firmantes del documento en los próximos meses, con el objetivo de consensuar el nuevo texto en enero, según explicó el secretario de Vivienda, Carles Sala.
El texto mantendrá sus plazos (2007-2016), pero se debe poner al día para adecuarlo a la nueva realidad del sector inmobiliario, que ha pasado del 'boom' de 2007 a la "parálisis absoluta" actual, según el secretario.
El pacto mantiene el objetivo de evitar la exclusión social residencial, e incide en el de recuperar el sector inmobiliario y crear empleo a través de vías como la rehabilitación, aspecto en el que coinciden los firmantes, tanto empresarios como políticos y agentes sociales, pero que se debe concretar.
Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Igualada rechazó la creación de la ARE por considerar que no era necesaria la construcción de más pisos y abogó por la reconversión de la zona en sector industrial, lo que recibió el apoyo de Recoder.