El Govern ve un "golpe de Estado" el decreto ley contra la 'República digital catalana'

Actualizado 31/10/2019 15:31:47 CET
El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró
El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró - EUROPA PRESS

"Estamos delante de un 155 digital", asegura el conseller Jordi Puigneró

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha considerado un "golpe de Estado" el real decreto ley que ha anunciado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para poner punto y final al proyecto independentista de erigir una 'República digital catalana'.

"Sánchez está anunciando un golpe de Estado digital en Catalunya. Sánchez ha desconectado no solo de Catalunya, sino del progreso social y digital del siglo XXI", ha dicho en declaraciones a los medios para valorar el anuncio de este decreto, que se aprueba este jueves en Consejo de Ministros.

"Asistimos a una prueba descarnada de la deriva antidemocrática en la que ha entrado el Gobierno del PSOE. Estamos delante de un 155 digital", ha sentenciado en referencia al artículo 155 de la Constitución.

Ha criticado el cierre de páginas web y aplicaciones, después de que la Guardia Civil haya solicitado recientemente a una empresa de Microsoft retener el contenido y los datos relacionados con Tsunami Democràtic que se encuentran en Github.

"Ahora quieren ilegalizar una República que decían que no existía. Pues bien, resulta que existe y es imparable", ha afirmado, y ha erigido esta República digital catalana como un quinto poder, el de la ciudadanía digitalmente apoderada.

En septiembre, el Govern presentó IdentiCAT, un nuevo modelo de identidad digital descentralizada y autosoberana que tiene como objetivo convertirse en la primera identidad digital a nivel europeo impulsada desde un ámbito público y que será autogestionada por el ciudadano con garantías jurídicas, actuando la Generalitat únicamente como validadora pero sin tener la custodia de los datos.

Ha asegurado que al Gobierno español le da miedo que Catalunya avance digitalmente: "¿Ahora también querrán ilegalizar la Agencia de la Ciberseguridad? ¿Quieren que seamos vulnerables en este mundo digital? ¿Que padezcamos ciberataques?".

EL ESTADO, UN "LASTRE" PARA CATALUNYA

"Los socialistas están demostrando, igual que el PP, que su único interés es gobernar contra Catalunya. En contra de un sector clave para el crecimiento estratégico de nuestro país", ha asegurado, y ha sostenido que el Estado es un lastre para Catalunya.

Ha asegurado que Catalunya hizo la revolución industrial, "y ahora, a pesar del Estado, va a hacer también la revolución digital".

El real decreto ley obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la UE en lugar de en paraísos digitales, sobre lo que Puigneró ha considerado que éste es un "debate absurdo".

A su juicio, la cuestión está en cómo se garantizan los derechos y los deberes de los ciudadanos, su privacidad y la protección de los datos: "Los datos están en la nube y tenemos que garantizar su protección".

"Podemos tener servidores en el Estado sin garantizar los derechos, como está haciendo el Gobierno. ¿Qué es más importante, garantizar derechos o ver físicamente dónde está el servidor?", ha cuestionado.

"ABUSO PREVENTIVO"

Ha lamentado que el Estado abusa de la prisión preventiva, un hecho que dice ha quedado constatado con los líderes soberanistas encarcelados, y ha criticado que tire adelante un decreto ley sobre un proyecto del que todavía no se han redactado los pliegos, pero que ha asegurado cumplirá la normativa europea.

"Quiero denunciar este abuso preventivo que hace el Estado con cualquier acción que impulsa el Govern. Tenemos derecho a plantear proyectos disruptivos. La innovación forma parte del ADN de Catalunya", ha enfatizado.

Preguntado sobre si el Govern articulará alguna medida para esquivar el real decreto, Puigneró ha indicado que esperará a conocer con detalle el texto, si bien ha considerado que el decreto "podría ser la injerencia más grave en el ámbito competencial de la Generalitat en los últimos años".