Imagen de un agente de la Guardia Urbana con la cámaras incorporada en su chaleco policial - EUROPA PRESS
BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Urbana de Barcelona incorpora a partir de este miércoles 150 dispositivos de seguridad y de grabación que se irán añadiendo progresivamente, y que servirán para que los agentes puedan testificar las actuaciones policiales de forma directa.
Lo ha explicado en rueda de prensa este lunes el teniente de alcalde de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, junto a la gerente de Seguridad y Prevención, Maite Casado, y el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez.
Ha explicado que estas 150 cámaras --con un presupuesto de 385.000 euros-- inicialmente las llevarán en el chaleco los mandos de la Unidad territorial de Ciutat Vella de la ciudad, de la Unidad de Refuerzo para las Emergencias y la Proximidad (Urep) y de la Unidad Central de Tráfico de la Guardia Urbana, aunque posteriormente se desplegarán a 18 unidades más.
Batlle ha asegurado que en una primera etapa se incorporarán 43 cámaras y hasta mediados de junio se irán añadiendo las otras, hasta llegar a las 150.
"La incorporación de estas cámaras es un compromiso de la Guardia Urbana con la transparencia, con la seguridad jurídica y de garantía para los ciudadanos y los agentes, y que se hace cumpliendo con las garantías jurídicas y los protocolos de imágenes", ha añadido.
30 SEGUNDOS PREVIOS
Por su parte, Velázquez ha explicado que las cámaras grabarán permanentemente las actuaciones policiales, y que, cuando haya una actuación policial con graves incidentes en el espacio público, cuando exista peligro para la seguridad ciudadana o algún hecho delictivo, los agentes activarán las cámaras -avisando siempre a las personas que serán grabadas-- y podrán recuperar los 30 segundos previos al inicio de la grabación.
Asimismo, ha explicado que las imágenes grabadas están encriptadas, y que los agentes, una vez graben, tendrán que enviarlas durante las posteriores 24 horas a la Dirección General de Administración de la Seguridad.
Por su parte, Casado ha manifestado que estos dispositivos fueron validados en una prueba piloto en 2019, y que las imágenes se destruirán a los tres meses de la grabación, "a o ser que estén a disposición de un juez porque son la prueba de un hecho delictivo".