El Homrani justifica los contratos de emergencia de la Dgaia por una obligación "legal y ética"

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha justificado los contratos de emergencia en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), por los que un informe de la Sindicatura de Comptes apunta a presuntas irregularidades entre 2016 y 2020, por la obligación "legal y ética" de atender a los menores.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlament este miércoles, ha asegurado que ni el sistema ni las entidades estaban preparadas ante el aumento de la llegada de menores no acompañados, ni la aplicación del 155 ni la pandemia del Covid-19, y que se hizo un trabajo "titánico" al respecto.

En 2016 llegaron a Catalunya 684 menores no acompañados; en 2017, 1.489; en 2018, 2.659; en 2019, 2.231, y en 2020, 812, ante los cuales Homrani ha dicho que no se podía dejar de prestar el servicio, dejando niños en la calle o sin comer, por lo que la única forma posible era la contratación de emergencia prevista en el apartado 120 de la ley de contratación pública para situaciones de peligro y necesidad inmediata.

"El sistema de políticas de infancia siempre debe evolucionar, siempre tiene retos que lograr, siempre debe mejorar. Trata una de las realidades más complejas que nos podemos encontrar. Y cuando falla, o cuando no actúa, la brutalidad de las consecuencias nos hace encoger", ha dicho El Homrani.

Además de la llegada de menores, la aplicación del artículo 155 en septiembre de 2017 afectó "gravemente" a la gestión adminsitrativa y contractual del Departamento, y supuso pérdidas de presupuesto, retrasos de tramitación de expedientes y prórrogas presupuestarias que superaron el plazo, según el exconseller.

JOSEP GINESTA

El exsecretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias entre 2016 y 2020, Josep Ginesta, ha apuntado también a la imposibilidad de prever el aumento de la demanda y ha dicho que no se produjeron irregularidades sino "incidencias" administrativas fiscalizadas, que se acabaron normalizando, y ha insistido en que nadie se embolsó dinero.

Ha apuntado nuevamente a unas circunstancias "excepcionales": un aumento del número de llegadas de menores no acompañados y de la presión social, política y judicial para acoger, y ha recordado el cambio de criterio a partir del cual se determinaba la edad de los menores --a partir del pasaporte-- y la orden de Fiscalía de que los niños no podían estar más de 2 horas en comisaría.

Ante esa situación, y con un presupuesto de 180 millones (frente a los 500 actuales), no había una procedimiento de contratación "adecuado a la realidad" más allá de los contratos de emergencia previstos en el artículo 120 de la ley de contratos del sector público: ha dicho además que ayudar a menores sin referentes familiares y en situaciones precarias no es un mal uso de los recursos públicos.

ORIOL AMORÓS

El también exsecretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias entre 2020 y 2021, Oriol Amorós, ha remarcado que presentaron 400 páginas de alegaciones al informe de la Sindicatura sobre las presuntas irregularidades en el que abordaban y daban respuesta a todas las cuestiones.

Sobre los centros que operaban sin estar inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (Reces), ha dicho que data la situación de emergencia de los menores no podían esperar los 3 meses que puede durar un procedimiento habitual.

Ha reconocido situaciones de sobreocupación y de gasto superior a lo reconocido en los centros, pero ha explicado que se debe a la respuesta ante un aumento de la demanda, es decir, a más niños y jóvenes que requerían atención, en la misma línea que El Homrani y Ginesta.

Esa misma situación, ha afirmado, es la que causó que se prorrogaran contratos sin formalizarlos, ya que debido a la excepcionalidad y emergencia no se podían permitir las "discontinuidades" que habría causado seguir de forma ordinaria la Ley de contratos del Sector Público.