BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para una nueva ley de educación en Catalunya, ha entregado este martes al Parlament 95.000 firmas de apoyo, una cifra que supera las 50.000 rúbricas mínimas necesarias para que prospere su tramitación.
En declaraciones a los medios a las puertas de la Cámara catalana, la portavoz de la comisión promotora Rosa Cañadell ha dicho que la ILP plantea "un nuevo enfoque del sistema educativo en Catalunya" porque ni la Ley de Educación de Catalunya (LEC) ni la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aseguran una educación equitativa y de calidad.
El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha validado las firmas necesarias para que tire adelante el proceso de la ILP, y a partir de ahora el Parlament las revisará y la iniciativa deberá pasar por la mesa para después poder ser debatida y votada: "Esperemos que se apruebe", ha afirmado Cañadell.
Ha destacado el "gran consenso social" que supone haber reunido casi 100.000 firmas, lo que significa que la sociedad civil realmente quiere otro tipo de educación.
Cañadell ha afirmado que esta ILP es "del todo necesaria" y ha añadido que espera que el Parlament coincida con ello, y desde la Assemblea Groga han expresado su satisfacción por el apoyo recibido.
El Parlament validó los pliegos para empezar a recoger firmas de la ILP en octubre de 2014, momento en el que dio un plazo de recogida de 120 días -cuatro meses, hasta febrero--, si bien la promotora pidió una ampliación del plazo de tres meses.
GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN
La ILP defiende la "gratuidad total" de la educación hasta la universidad; que se eliminen progresivamente las escuelas concertadas --una anomalía en europea, según Cañadell--; que vuelva la democracia a los centros; se blinde el catalán como lengua vehicular, y aumente el presupuesto para situarlo en la media de la UE.
La propuesta, que aboga por una educación laica, pública, popular, democrática inclusiva, coeducadora y en catalán, fue lanzada por la Assemblea Groga como medida para revertir los recortes y las privatizaciones en la educación pública.
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