Los investigados por ocupar el Rectorado de la UAB ven irregularidades en el proceso judicial

Rueda de prensa de los investigados por ocupar el rectorado de la UAB
CEDIDA
Publicado: martes, 9 enero 2018 14:44

   Creen que el caso es "político" y piden que se solucione el caso por esa vía

   CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El colectivo Som 27 i més, que agrupa a los investigados por ocupar el Rectorado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en abril de 2013 --25 estudiantes, un profesor y un miembro del personal de administración y servicios (PAS)-- ha criticado irregularidades en el proceso judicial.

   Este martes en una comparecencia ante los medios a las puertas del Rectorado, una de las inculpadas, Laura Gener, ha indicado que cuando fueron a los juzgados "no se sabía de qué" se los acusaba y ha criticado que tres de las personas buscadas por los hechos no han recibido notificación, por lo que han decidido no colaborar con la justicia.

   En este sentido, el detenido el pasado domingo y a quien se trasladó a la comisaría de Igualada (Barcelona), el primero de este caso, Carles Duran, ha dicho que su detención fue "irregular" y que los abogados no tuvieron conocimiento previo.

   Gener ha calificado el juicio de "político" y ha pedido que se solucione por esa vía y que se les reconozca como sujetos políticos, y ha exigido a la rectora de la UAB, Margarida Arboix, la retirada de la responsabilidad civil a la vez que ha recordado el acuerdo del Claustro de setiembre de 2016 que pedía la absolución.

   Otro de los acusados, Oriol Corral, ha cargado contra la Fiscalía, asegurando que ha actuado "en una espiral de represión que no sólo contra esta acción, también en toda Catalunya".

LA UAB NO QUIERE PENAS

   La UAB ha tachado de "desorbitado" que se exijan penas un tema que debería limitarse a una responsabilidad civil y ha apuntado a que en julio de 2016 se retiró de la acusación.

   El colectivo se repartirá este miércoles por Reus (Tarragona), Santa Coloma de Gramenet y Granollers (Barcelona), localidades originarias de las tres personas que actualmente están en búsqueda y captura, para difundir su caso.

   Fiscalía ha pedido de 11 a 14 años de prisión, 9.500 euros de multa por personas y 14.000 de responsabilidad civil.