Irídia alerta de un aumento de atenciones por violencia institucional en 2025, con 266 casos

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Irídia ha presentado este martes su décimo Informe de Violencia Institucional, basado en los casos atendidos por su Servicio de Atención y Denuncia y en los litigios, y asegura que 266 personas se dirigieron la entidad en 2025 por presuntas vulneraciones de derechos humanos, la cifra más alta desde 2019.

En el informe consultado por Europa Press, la entidad recoge que 94 de ellas sufrieron violencia institucional por parte de agentes de cuerpos policiales, funcionarios de prisiones o agentes de seguridad privada, lo que supuso casi dos atenciones por semana.

Además, señala que el año pasado litigó 53 casos con 110 agentes o funcionarios encausados, y que en 21 de ellos se identificó un componente de racismo, en 2 discriminación LGTBIfóbica y en 1 discriminación por razón de género.

En 28 de ellos no se había llevado a cabo ninguna investigación interna y, en los 19 en los que se activaron, 12 fueron por requerimiento judicial.

En 21 de ellos la Fiscalía estuvo inactiva, en 19 se opuso a la investigación y en 13 tuvo un papel proactivo en la investigación o acusación, según la entidad.

En 36 de los 53 casos (el 67,9%) se archivó la causa en algún momento, se tramitó como un delito leve o se inadmitió la querella sin practicar todas las diligencias de investigación solicitadas, mientras que 24 que fueron archivadas, instancias superiores revisaron la decisión y ordenaron al juzgado de instrucción "investigar debidamente".

REFORMAS ESTRUCTURALES

La entidad concluye que los mecanismos institucionales actuales para prevenir la discriminación, el maltrato y la tortura "fallan", y que si las personas afectadas no tienen quien las acompañen, la mayoría de denuncias acaban archivadas prematuramente, causando su revictimización y promoviendo la impunidad.

Además, indica que sin reformas estructurales la violencia institucional continuará existiendo, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando el Estado de derecho, y pide implementar mecanismos para prevenir las identificaciones por perfil racial, mejorar la transparencia y los mecanismos internos en los cuerpos policiales, así como supervisar a las empresas de seguridad privada contratadas por la Administración.

La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, recuerda que "las cifras son rostros, personas que han visto alterada su vida por actuaciones que no deberían haber ocurrido nunca" y subraya que la violencia institucional, el racismo y la discriminación son un problema en Catalunya y que cada año les llegan más personas agredidas.