Irídia atiende 248 casos en 2019 en Catalunya, el 87% por situaciones de "violencia policial"

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El servició de atención y denuncia del Centro Irídia, que ofrece asistencia jurídica y psicosocial gratuita, ha atendido durante el año 2019 en Catalunya un total de 248 casos, el 87% por situaciones de "violencia policial" especialmente en el marco de las protestas tras la sentencia condenatoria a los líderes independentistas.

Así lo destaca el informe anual de la entidad, presentado este miércoles en una rueda de prensa telemática donde las personas que trabajan en la asociación han destacado que durante 2019 las solicitudes de su asesoramiento han aumentado un 75% respecto a 2018.

El documento refleja que 216 casos son en contexto de protesta, 14 en el espacio público, 14 en contexto de privación de libertad --diez de prisión y cuatro en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)-- y los otros cuatro en contextos diferentes, principalmente desalojos.

En relación al perfil de las personas atendidas, 89 son mujeres y 159 hombres, y entre las personas atendidas hay seis menores de edad.

La mayoría de las atenciones fueron durante octubre, noviembre y diciembre durante las protestas, cuando se atendieron a 204 personas, y han asegurado que en muchos de los casos se detectaron "graves y preocupantes situaciones de violencia policial".

Han destacado sobre los casos que se detectaron un total de 54 personas con lesiones por el impacto de balas de goma y foam, 18 golpes de porra directos a la cabeza, tres lesiones derivadas de la técnica carrusel con furgoneta y cinco agresiones a periodistas.

También han anunciado que están trabajando en ocho casos de vejaciones policiales por parte de agentes que podrían calificarse jurídicamente como un delito contra la integridad moral y tortura.

Han remarcado la necesidad de que haya una evaluación profunda de las actuaciones y el uso de armas a nivel parlamentario, y también que los protocolos de actuación sean públicos "para fiscalizar si son adecuados y si se cumplen".

Irídia, que es conocida por haber llevado casos como el del hombre que perdió un ojo durante el 1 de octubre Roger Español, ha asumido después de estas peticiones la defensa legal de 21 nuevos casos: 14 en el contexto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, información y reunión y manifestación, y siete en contexto de detención y privación de libertad.

MALAS PRÁCTICAS

La asociación ha destacado algunas malas prácticas policiales detectadas durante 2019 como, aseguran, agentes de los Mossos que llevaban oculto su número de identificación, y también que se hayan practicado actuaciones como la técnica carrusel: "Son actuaciones injustificadas con el ánimo de castigar y no de dispersar".

En el informe Irídia ha incluido una sección de lo que a su juicio son buenas prácticas que se han llevado a cabo desde las administraciones durante 2019, como la aprobación en el Parlament de que se cambie la tipografía del número de identificación de los agentes y incluirlo delante del casco y mantenerlo detrás del uniforme.

También la auditoria anunciada sobre la actuación de los Mossos durante las protestas de después de la sentencia, aunque han señalado que aún no conocen el resultado y han destacado que, con el estado de alarma, todos estos procedimientos son más lentos.

Asimismo, también han celebrado el anuncio, en febrero de 2020, de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de que pondrían en marcha un plan para mejorar el sistema de cámaras de videovigilancia en los Centros Penitenciarios, entre otros elementos.

También han planteado propuestas a diversas administraciones tanto municipales como a nivel estatal, y en concreto al departamento de Interior de la Generalitat le ha pedido que publique las instrucciones de uso de las armas policiales y que las imágenes grabadas en comisarías de cuerpos policiales se conserven durante seis meses.

A preguntas de periodistas sobre si han recibido peticiones de asesoramiento durante el estado de alarma, han apuntado que han sumado 31 quejas de ciudadanos por "detenciones arbitrarias" y han alertado de que se están haciendo sanciones por conductas que no estaban previstas como sancionables.