Ve correcta una inmovilización que Justicia consideró "innecesaria, injustificada y desproporcionada"
BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Contencioso Administrativo 17 de Barcelona ha anulado la sanción que la Conselleria de Justicia de la Generalitat impuso a un funcionario de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) por la inmovilización a un preso, que consideró "innecesaria, injustificada y desproporcionada" al mantenerla más tiempo del necesario, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Ahora la jueza ha revocado esa sanción (16 días de suspensión de trabajo y sueldo), considera que la inmovilización fue "correcta" y también ha condenado a la administración a que le pague las retribuciones que no recibió esos días con intereses, como ha adelantado este lunes 'Ser Catalunya'.
Al presentar el recurso contra la sanción, el funcionario alegó que no se habían tenido en cuenta las grabaciones de las cámaras de seguridad inmediatamente después de la inmovilización, y afirmó que el interno "era un preso peligroso que actuaba como cabecilla de los otros reclusos de la misma nacionalidad, y que ese día azuzó a sus compatriotas para que secundaran los actos de insubordinación, y que en ese módulo se vivió una situación de pre-motín".
En este sentido la jueza recuerda que "la circunstancia --perfectamente acreditada--, de que el interno fuera peligroso y conflictivo, no permite que se le inmovilice sin que esa medida esté justificada".
Añade que el preso lideraba un grupo muy numeroso en su módulo, aproximadamente el 30% del total de presos, "y que esos internos secundaban las decisiones de su líder, existiendo entre ellos un régimen de jerarquía y obediencia".
LA GENERALITAT VALORA LA SENTENCIA
El funcionario sostuvo que el preso estuvo inmovilizado hasta que la dirección de la cárcel lo acordó, y el preso estuvo inmovilizado hasta una hora y cuarto después de que terminara su turno de trabajo.
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat han explicado que el departamento "ha iniciado un proceso de valoración de la sentencia con la asesoría jurídica del departamento para decidir futuras acciones".
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