La Ley de Eficiencia se despliega en Barcelona con "lealtad" institucional y falta de funcionarios

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, que introduce importantes cambios en materia organizativa de la Administración de Justicia en materia procesal y novedades en materia tributaria, laboral, mercantil y civil, ha estado marcada en Barcelona por la "lealtad entre instituciones", pero también por la falta de funcionarios.

Lo han explicado en una atención a los medios de comunicación el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando.

Espadaler ha subrayado que la Justicia necesitaba "reformas, recursos y tiempo para hacerlo" y ha reconocido que la adaptación requiere de un acompañamiento y de formación para los profesionales, pero ha celebrado que la implementación se haya llevado a cabo con el trabajo compartido entre instituciones y administraciones, con la participación de los colegios profesionales y con el consenso del mundo local y los sindicatos.

TRES FASES

Durante la primera fase, que entró en vigor el 1 de julio de 2025, se implementó en 33 partidos con juzgados de primera instancia e instrucción (mixtos) y de violencia sobre la mujer; la segunda, el 1 de octubre, se implementó en 2 juzgados de primera instancia e instrucción (jurisdicción separada) y de violencia sobre la mujer -Badalona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)- y, la última y más importante, el 31 de diciembre, en 14 partidos que representan el 71,8% de la actividad de la Administración de Justicia en Catalunya.

Esta última fase incluye juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción y el resto de tipología (social, penal, familia, contencioso administrativo, menores y mercantil) y abarca el partido judicial de Barcelona, que aglutina el 35% de la actividad judicial de Catalunya, lo que se ha traducido en "la complejidad que tiene llevar a cabo la implantación de una reforma organizativa muy importante, de mucho calado", ha indicado Ferrando.

Sobre todo, ha explicado, se debe a que los jueces, los asuntos y las normas de reparto "siguen siendo los mismos" en Barcelona, a lo que hay que sumar las bajas y jubilaciones de los funcionarios, que supone la principal preocupación en estos momentos, en sus palabras textuales, así como la falta de formación específica de los que han sido reubicados.

En este sentido, desde el departamento han explicado que los funcionarios afectados por la implementación de la ley han sido un total de 7.543 entre las tres fases, más de 5.437 solo en la tercera, de los cuales 2.800 se concentran en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, lo que ha supuesto un "movimiento masivo del personal", según Ferrando.

El 80% de los mismos continúan haciendo tareas similares a las que hacían antes, mientras que el 20% han concursado a otras plazas, lo que ha provocado que, en algunas secciones, del grueso de funcionarios solo unos pocos tengan experiencia en la materia, aunque afirman que desde el departamento se están buscando fórmulas para subsanarlo.

Lo mismo sucede con las vacantes y bajas, un problema de personal que se circunscribe a la provincia de Barcelona --que incluye 7 partidos judiciales más, además de Barcelona--, donde en la entrada en vigor de la tercera fase había aproximadamente 200 puestos por cubrir, a los que se incorporaron 77 funcionarios el 15 de enero y, en febrero, tomarán posesión 107 más.

DESPLIEGUE PROGRESIVO

En Barcelona, ya funcionan como Tribunales de Instancia la sección contencioso-administrativa, en la que hay 17 magistrados, y la mercantil, con 12 jueces, en la que se trabaja de forma colegiada, coordinada y que permitirá "ensayar la nueva filosofía", indica Ferrando.

La siguiente jurisdicción en hacerlo será la de familia, donde se han detectado algunos problemas técnicos e incidencias en el acceso a los expedientes, que están siendo resueltos con la colaboración de la Conselleria de Justicia, y posteriormente se implementará en la civil, la social y, finalmente, la penal, que abarca un tercio de la actividad judicial y que no tiene expediente digital.

ADECUACIONES

Esta reforma ha requerido de la adecuación de los espacios judiciales, de los equipamientos, de la señalización y del material para albergar los nuevos servicios comunes; en el conjunto del territorio se han reformado un total de 1.623 metros cuadrados para lograr espacios más diáfanos, se han instalado más de 2.000 rótulos de metacrilato y se ha reorganizado más de 53 kilómetros de documentación en papel.

También se han hecho adecuaciones TIC, lo que ha supuesto la instalación de 207 ordenadores portátiles, 39 de mesa y 170 'dockstation' con pantalla, así como la destrucción de 344.748 kilos de papel, un 28,3% más que en 2024.

Asimismo, se han realizado 145 actividades de formación y divulgación, con un total de 9.401 asistentes, como seminarios web sobre las principales novedades procesales de la nueva ley y jornadas sobre el impacto organizativo de la misma dirigidas a todos los operadores jurídicos y profesionales.

"LA JUSTICIA NO SE HA PARADO"

Aunque es demasiado pronto para evaluar cifras, Espadaler ha señalado que los indicios observados hasta ahora marcan que en el momento de la implementación de los tribunales de instancia hay una pequeña bajada de la productividad, pero que se recupera con bastante celeridad y posteriormente se incrementa.

Además, ha reconocido que la principal obsesión del departamento, en sus palabras textuales, era que la migración no penalizara al ciudadano y que esto, razonablemente, se ha conseguido: "La Justicia no se ha parado para hacer todos estos cambios".