BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los partidos catalanes han acordado este viernes que la ley electoral catalana en la que trabajan en ponencia conjunta suprima la figura del interventor, dejando sólo como representantes de los partidos en los colegios electorales a los apoderados.
Esa ha sido una de las principales novedades de la reunión de la ponencia que se ha celebrado este viernes y que, según fuentes parlamentarias, ha avanzado en el debate hasta el articulo 32 de la norma, dejando par la próxima semana la discusión sobre el sistema electoral.
Ese ha sido tradicionalmente el principal escollo para sacar adelante una ley que los grupos llevan tres legislaturas intentando sacar adelante y cuyo último intento --la actual ponencia-- hará este sábado dos años que se puso en marcha.
La previsión de los grupos es que en la próxima reunión todos lleguen con una propuesta definida de sistema electoral, de forma que se pueda observar la posibilidad de acercar posiciones y lograr el consenso necesario para sumar los 90 diputados que requiere la ley.
En caso de no lograr limar las diferencias sobre el sistema, los grupos se conservan la opción de desarrollar al margen la ley de la administración electoral, que permitiría regular aspectos de los procesos electorales sin entrar a cómo se realiza la distribución de escaños.
Esta opción de desarrollar sólo una parte de la ley es vista con buenos ojos por CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, aunque les faltarían tres diputados para llegar a la mayoría de dos tercios y, según varias fuentes, no se descarta la opción de tratar de lograr los apoyos que faltan entre diputados del PSC dispuestos a desmarcarse de su grupo.
SINDICATURA ELECTORAL
Otro de los aspectos que se han abordado en al reunión de este viernes ha sido la composición de una futura sindicatura electoral, pero todavía no se ha cerrado un acuerdo sobre si estará formada por seis o siete miembros --entre magistrados y expertos--.
Sobre lo que sí hay acuerdo es en que haya mayoría de magistrados y que el presidente sea uno de ellos, de forma que en el caso de que la sindicatura tuviera siete miembros cuatro serían magistrados y tres expertos, mientras que si tuviera seis, el presidente tendría voto de calidad para decantar la mayoría.