BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Educación, Ernest Maragall, negó hoy que haya realizado un recorte en el sector educativo y que su política busque castigar a los centros, tras defender que los ajustes realizados responden a una cuestión de evolución demográfica, ya que en los grupos que se cierran la demanda era menor que la oferta.
Lo dijo en respuesta a una pregunta de CiU y PP sobre la materia, después de que Educación anunciara que el próximo curso cerrará 80,5 grupos de Bachillerato por falta de demanda, y que abrirá otros 60 grupos. En total, se ofertarán 64.732 plazas públicas de Bachillerato para primero y segundo curso --unas 700 menos que en 2009-2010-- ante las 13.992 vacantes que quedaron el año pasado.
Maragall defendió que los ajustes realizados obedecen a situaciones que, no en todos los casos, son de recorte y que lo hace con los instrumentos que le proporciona la Ley de Educación de Catalunya (LEC). Sostuvo que las acciones realizadas permiten reordenar el sector educativo en el territorio.
Sólo así, subrayó, docentes que no podían ejercer lo podrán hacer, se podrán cubrir centros con muchas vacantes y se podrá reordenar algunos servicios internos. Aunque admitió que se rebajan las plazas de Bachillerato, reivindicó que aumenta en Formación Profesional (FP) con 54 nuevos ciclos formativos, así como grupos nuevos en Primaria y en Secundaria.
"Ningún alumno se quedará sin oferta de Bachillerato o Formación Profesional", le respondió Maragall a la diputada de CiU Irene Rigau. En opinión de ésta, el recorte educativo es consecuencia de la "mala" programación de recursos humanos y de la financiación que se ha llevado a cabo.
Acusó también a Maragall de eliminar puestos técnicos y crear "puestos de confianza política", lo que fue replicado por el conseller afirmando que Rigau representa una forma de entender la gestión de los recursos públicos y el sistema educativa que corresponde a la época en la que gobernó CiU.
Desde las filas del PP, el diputado Rafael López acusó al Govern de no cumplir con el Pacto Nacional de Educación (PNE) ni con el Acord de Entesa, porque, a su juicio, los ajustes aplicados lo pagan "las personas más débiles".
