Martínez Bravo ve "más difícil" que haya casos de abusos a menores tutelados con la nueva Dgaia

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha afirmado este martes que "será más difícil" que haya casos de abusos a menores tutelados con la refundación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) en la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia) anunciada este lunes.

"Lo que queremos es reforzar tanto la calidad de la atención en los centros como promover que los menores estén bien atendidos por sus familias. Hay muchas que podrían enderezar su vida y hacerse cargo de sus hijos con mayor seguridad si se hace un trabajo comunitario y de apoyo psicológico", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press al preguntársele sobre los presuntos abusos por parte de una red a una niña a cargo de la Dgaia.

Preguntada por si se ha planteado que sea un juez quien declare la situación de desamparo de un niño, ha explicado que el modelo de desamparo, "que es estatal, es administrativo, no judicial" y que, con el marco normativo actual se pueden, a su juicio, fortalecer los derechos de los niños y de sus familias en procesos de desamparo.

Ha apuntado que se pueden introducir la figura del mediador y comités interdisciplinares --entre la Administración, la Abogacía e incluso la Judicatura-- para tomar decisiones en "casos difíciles".

Ha asegurado que en el 98% de los casos de desamparo que llegan a la vía judicial los jueces confirman que la decisión ha sido, textualmente, correcta, pero ha incidido en que hay un 2% de casos en los que el desamparo "quizás no era necesario".

IRREGULARIDADES EN PRESTACIONES

En referencia a las presuntas irregularidades en prestaciones de la Dgaia que investiga la Oficina Antifrau, ha explicado que aún se tienen contratos con las dos fundaciones investigadas --la Fundación Resilis, y la UTE Fundación Mercè Fontanilles-Fundació Resilis-- y que estos están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.

Ha informado que se tendrá que definir una nueva licitación enfocada en las "nuevas" funciones que tendrán las entidades colaboradoras, según ella, mucho más centradas en el asesoramiento, el seguimiento y el acompañamiento de los jóvenes y menos en el ámbito de la gestión de prestaciones.

Ha afirmado que la gestión de las prestaciones la puede hacer un algoritmo sin que haya una persona que tenga que tomar la decisión: "Así funciona en el Reino Unido".