BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Particulares multados por ofrecer de forma puntual su residencia habitual en la plataforma Airbnb preparan un recurso judicial conjunto contra la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, de 30.000 euros si se pusieron antes de marzo y de 60.000 a partir de entonces --cuando cambió el importe-- porque lo consideran abusivo.
Se han organizado en la plataforma Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (Acaba), que cuenta por el momento con 56 miembros que prevén emprender una acción de nulidad conjunta después de presentar alegaciones y que hayan sido desestimadas, ha explicado en rueda de prensa este jueves el abogado y portavoz de la plataforma, Dylan Tarin.
La asociación, que preside Neal Shanahan, ve desproporcionadas estas multas para los casos de particulares que no se dedican profesionalmente a esta actividad y que han alquilado ocasionalmente su residencia habitual, y se consideran afectados colaterales en la lucha del Ayuntamiento contra la especulación.
"No se pararon ni a analizar que hay muchos pececitos que se están matando a cañonazos para matar tiburones", ha aseverado Shanahan, que ha destacado que los miembros de la asociación son muy diversos y tienen sus pisos ubicados por todos los distritos de la ciudad.
UNOS 500 AFECTADOS
Calcula que puede haber unas 500 personas afectadas por alquilar su primera residencia, y ha criticado que muchos de ellos lo hicieron sin saber que era ilegal y podían recibir la multa, ya que pensaban que se dirigía a especuladores que usaban el piso para lucrarse a base de alquilarlo a turistas.
Han asegurado que acudieron a Airbnb y que les comunicó que en ningún caso era responsabilidad de la plataforma, que señalan que debería informar mejor de la regulación y de la posibilidad de recibir una multa, que pasó de ser de 30.000 euros a ser de 60.000 en marzo.
Tarin ha sostenido que el Ayuntamiento está cometiendo una "desviación de poder" al imponer estas multas de forma indiscriminada, y ha lamentado que se opte por multar sin antes informar a la persona y darle la oportunidad de retirar el anuncio, según él.
El abogado ha explicado que ninguno de los 56 afectados de la plataforma ha pagado todavía la sanción porque la ha recurrido, y ha detallado que se han admitido a trámite ocho recursos judiciales, mientras que otros todavía no se han presentado porque están en trámites anteriores
