Votación en un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado continuar con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de creación del salario mínimo de referencia de Catalunya, de Junts.
El texto sigue su tramitación tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que no han prosperado al conseguir únicamente los votos a favor de estos grupos en el pleno de la Cámara catalana este miércoles.
PSC-Units y Comuns también habían registrado enmiendas a la totalidad del texto, pero las han retirado y han decidido apoyar la tramitación de la iniciativa votando contra las enmiendas de PP y Vox.
En el debate de la iniciativa anterior a la votación, la diputada del PSC-Units Conchi Jiménez ha explicado que su grupo intentará incorporar "más negociación colectiva" durante la tramitación de la proposición de ley.
Desde los Comuns, a pesar de haber retirado su enmienda a la totalidad, el diputado Lluís Mijoler ha criticado la iniciativa porque considera que "no crea un derecho general" para todos los trabajadores, y ha asegurado que le preocupa que no sea una referencia vinculante.
19.600 EUROS BRUTOS ANUALES
La iniciativa propone fijar la referencia de 1.400 euros mensuales en 14 pagas para el año 2026, equivalentes a 19.600 euros brutos anuales por una jornada completa.
Este salario de referencia sería obligatorio exclusivamente en el ámbito de la Administración de la Generalitat, los entes que dependen de ella y las entidades que integran la Administración local.
En este sentido, tendría carácter orientativo en el resto de sectores y no sustituiría el salario mínimo interprofesional estatal ni establecería un salario mínimo para todos los trabajadores.
El texto prevé también promover el cumplimiento del salario mínimo como "criterio social prioritario de valoración" en la adjudicación de contratos públicos y otorgamiento de subvenciones y ayudas de la Generalitat.
Incluye un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores "con dificultades" para facilitar su adaptación progresiva, y medidas fiscales para preservar el poder adquisitivo de las rentas bajas y medias.
Finalmente, también prevé mecanismos de control de los compromisos salariales adquiridos por las empresas y entidades beneficiarias de contratos, subvenciones o ayudas públicas.
