Representantes del Grup de Treball d'Empresa i Drets Humans, en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS
BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios del PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado este jueves por tercera vez la proposición de ley de creación del Centre Català d'Empreses i Drets Humans, un centro que vele para que las empresas que operan en Catalunya cumplen los Derechos Humanos en el mundo, impulsada por Lafede.cat y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.
El centro sería un organismo público independiente con la función de velar para que las empresas con actividad en Catalunya no generen impactos negativos, especialmente en los países más empobrecidos: "Durante la anterior legislatura se hizo mucho trabajo y nos quedamos a las puertas de que pudiera aprobarse debido a la convocatoria electoral. Y esperamos que, por fin, esta legislatura sea ya la definitiva", ha dicho Júlia Martí, representante de las entidades impulsoras, en una rueda de prensa desde la Cámara.
El objetivo es que el centro pueda recibir denuncias de las comunidades afectadas por vulneraciones de derechos por la actividad de las empresas, iniciar investigaciones contra las mismas e imponer sanciones a "las empresas que se nieguen a colaborar", emitir informes y proponer a las administraciones reformas legislativas en este ámbito.
"Ante la urgencia de poner fin a vulneraciones de derechos humanos que son graves y que siguen produciendo en todo el mundo, creemos que el Parlament tiene la oportunidad de abrir camino", ha valorado Martí, que ha recordado que la Cámara ya registró la norma en 2020 y en 2021.
ANA RUTILLA
Por su parte, la abogada y lingüista guatemalteca Ana Rutilla ha expuesto supuestas vulneraciones por parte de empresas en Guatemala, asegurando que Grupo Cobra, propiedad del empresario Florentino Pérez, construyó 5 hidroeléctricas en el río Carbón que, según ha explicado, consumen el 90% de su caudal: "Llegan sin consultar, destrozan, saquean, arrasan nuestro territorio y se marchan sin asumir ninguna responsabilidad".
"El centro catalán, que hoy se registra por tercera vez, es más necesario que nunca para garantizar que todas las empresas que operen en otros países como el nuestro tomen responsabilidad por sus actos y respeten los derechos humanos", ha dicho, a la vez que ha avisado que los pueblos indígenas estarán pendientes de ello.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los representantes de los grupos parlamentarios han celebrado que se retome la iniciativa parlamentaria y han augurado que la norma podrá aprobarse a finales de año, aunque el diputado del PSC Alberto Bondesio, ha admitido la dificultad de dotar económicamente al centro sin Presupuestos: "Esperamos que a finales de año todas estas implicaciones presupuestarias que comporte el Centre Català d'Empresa i Drets Humans puedan ser una realidad con nuevos presupuestos".
El diputado de Junts, Joan Canadell, ha afirmado que la ley no se ha registrado tal y como quería su formación en todos los aspectos, pero que intentarán plantear ajustes durante la ponencia para "diferenciar la grande empresa de las pymes", lo que considera un punto clave.
Por su parte, la portavoz adjunta de ERC, Ana Balsera, ha pedido que sea la última vez que se tenga que tramitar la norma y ha señalado que Catalunya tendrá la oportunidad de ser pioneros en la aprobación de una iniciativa de estas características.
Sobre el calendario de aprobación de la norma, la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, ha dicho que los grupos han tomado el compromiso de acortar los plazos de tramitación: "Al menos seguro que debemos intentar que antes de acabar el año lo podamos tener porque ya viene de hace mucho, de hace mucho".
Finalmente, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha definido algunas de las vulneraciones de derechos humanos por parte de las empresas como crímenes corporativos: "Es muy importante señalar que precisamente estos crímenes corporativos se basan en la acumulación de dinero, en la acumulación de poderes, y que esto es también hoy una de las grandes vulneraciones de la democracia".