CiU y PP retiran sus enmiendas a la totalidad pese a oponerse por diferentes motivos
BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado este miércoles seguir tramitando una proposición de ley de ICV-EUiA para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica en el sistema catalán de salud a todas las personas extranjeras, sin distinción por razón de origen nacional o por su situación legal y administrativa en Catalunya, después de que CiU y PP hayan retirado sus enmiendas a la totalidad pese a haber expresado su oposición a la iniciativa por diferentes motivos.
La diputada de ICV-EUiA en el Parlament, Marta Ribas, ha presentado la iniciativa, y ha expuesto que también recoge que tienen derecho a prestaciones sanitarias y farmacéuticas todas las personas que vivan en Catalunya, al margen de que estén empadronadas y tengan la condición de asegurados y de beneficiarios del sistema nacional de salud o no.
Ribas ha recordado que un real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy de 2012 eliminó la universalidad de la atención sanitaria, vinculándola a las rentas del trabajo o a la necesidad de ser beneficiario de un asegurado, y que, pese a que la Generalitat presentó un recurso de inconstitucionalidad e hizo una instrucción para frenarlo, ésta "no ha resuelto correctamente el problema".
"La exclusión sanitaria es una barbaridad", ha exclamado la diputada ecosocialista, que ha apuntado que por obligación ética, humana y hasta legal es necesario que el Parlament actúe.
La diputada de CiU Begoña Montalbán, que avala el objetivo de la proposición de ley, ha asegurado que ya se está llevando a cabo con mecanismos que, sin oponerse a la legalidad vigente, permiten la accesibilidad al sistema sanitario público catalán, además de tachar de "inaceptable e innecesario" el real decreto del Gobierno porque, además, considera que invade competencias de la Generalitat.
Así, ha asegurado que el Govern ha asumido el compromiso de garantizar la asistencia sanitaria pública a todos los empadronados en Catalunya, evitando la exclusión de todos los que quedan "desamparados" por el real decreto.
Desde el PP, la diputada Eva Garcia ha constatado que los inmigrantes en situación irregular en España no tienen derecho a la tarjeta sanitaria, como sucede en el resto de países de la UE, pero sí acceso a la asistencia sanitaria y se les atiende en caso de urgencias, embarazo, parto, posparto, por problemas que repercuten en la salud pública así como a todos los menores de 18 años.
"La asistencia sanitaria en España para los inmigrantes en situación irregular es una de las más completas de Europa", ha defendido Garcia, que ha pedido limitar su acceso a prestaciones sanitarias y farmacéuticas básicas, tras asegurar que el problema de las listas de espera es también consecuencia del impacto de la inmigración.
"Esto no es cierto, tiene que ver con la baja dotación económica del sistema. Dejen de hacer un discurso racista. El lema de 'primero los de casa' es más de partido extraparlamentario", le ha afeado Ribas, algo en lo que ha coincidido la diputada de la CUP Isabel Vallet, que ha tachado el argumento de los populares de tópico y les ha pedido más rigor.
ERC, CONTRA EL "NACIONALISMO MÁS RANCIO"
El diputado de ERC Pere Bosch ha recordado que el Parlament ya aprobó en 2010, y por unanimidad, que todas las personas residentes en Catalunya y los que pertenecen a grupos de riesgo, estén empadronados o no, tienen derecho a la asistencia sanitaria pública, así como una moción en el mismo sentido.
También ha cargado contra el real decreto del Gobierno y le ha acusado de crear un problema que no existía amparándose "en el nacionalismo español más rancio".
Para la diputada del PSC Núria Segú, la iniciativa del Ejecutivo central les traslada a "épocas predemocráticas, cuando muchas mujeres dependían de tener derecho o no en función de la cartilla de su marido".
Vallet ha criticado que se exija el padrón a los que estén en situación irregular porque éstos tienen "miedo a acudir a un ayuntamiento porque piensan que pueden tener represalias y se les puede aplicar la Ley de Extranjería".
Desde C's, la diputada Carme Pérez ha manifestado sus dudas sobre si el Parlament tiene competencia o no para desarrollar una ley de estas características y porque, en su opinión, se pretende "eludir" la norma estatal, aunque ha cargado en paralelo contra el real decreto del Gobierno central.
