BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles un Decreto Ley del Govern que permite el intercambio de datos entre entes locales y la Conselleria de Educación para poder aplicar medidas de detección y distribución equilibrada de alumnos con necesidades educativas específicas, y así prevenir la segregación escolar.
El decreto ha salido adelante gracias al apoyo de ERC, Junts, CUP y comuns; la abstención de PSC-Units y Cs, y el voto en contra de Vox y PP, y no se tramitará como proyecto de ley como reclamaban CUP, Vox, Cs y PP.
Esta iniciativa servirá para que la Conselleria tenga acceso a los datos de familias con hijos en edad de escolarización y que puedan estar en riesgo de exclusión social, con el objetivo de detectar esta situación y poder aplicar medidas contra la segregación escolar.
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzlez-Cambray, ha asegurado que la convalidación de esta iniciativa es "urgente y necesaria", ya que permitiría el acceso a estos datos coincidiendo con la apertura del periodo de matriculación de cara al curso que viene, y ha añadido que esta medida no genera ningún gasto extra.
DUDAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Durante el debate, la socialista Esther Niubó ha dicho que ve necesario tener un conocimiento previo de las circunstancias personales de los alumnos antes de su entrada en el sistema educativo, aunque cree que el decreto es "mejorable" y dice que tiene dudas sobre el cumplimiento de la protección de datos.
Por Vox, Manuel Acosta ha considerado que este decreto es "otra arbitrariedad más" de Cambray, ya que a su juicio se pretenden intercambiar datos entre administraciones sin el consentimiento de las familias, y no se ataca el problema de raíz, a través de ayudas sociales.
La 'cupaire' Nogay Ndiaye ha urgido a reflexionar sobre la necesidad de utilizar el decreto ley para regular esta cuestión, ya que es el "resultado de la falta de planificación en los últimos 20 años" y cree que la forma más adecuada de luchar contra la segregación escolar y detectar alumnos vulnerables sería garantizar la gratuidad de la etapa 0-3 años.
La diputada de los comuns Jessica González ha criticado que el Govern no ha hecho su trabajo "lo suficientemente bien" en la lucha contra la segregación escolar, ha reconocido que decretos como este pueden ayudar, pero se ha cuestionado si se garantizará la privacidad de los datos.
Matías Alonso (Cs) ha asegurado que al obligación del Govern de impulsar medidas como esta "viene de lejos", y ha criticado que se haga una tramitación urgente, por lo que ha justificado que su grupo pida que se tramite como proyecto de ley.
"VISIÓN COLECTIVISTA"
El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha explicado su voto en contra al decreto porque tiene un "ramalazo de ingeniería social y tiene una visión colectivista de la educación" que no comparte, y también desconfía de que el Govern haga un tratamiento correcto de los datos.
Francesc Ten (Junts) ha calificado de importantísimo este decreto, ha puesto en valor la colaboración entre ayuntamientos y Govern para la detección precoz de los alumnos vulnerables, y ha destacado que se ha llevado a cabo con el objetivo de "trabajar a favor de la equidad".
La republicana Mnica Palacín ha considerado imprescindible el intercambio de datos entre las administraciones para "tener conocimiento de la situación de riesgo de los niños de cada municipio" y para poder actuar acorde, y defiende una distribución más equitativa y justa del alumnado vulnerable.
