Archivo - La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS - Archivo
BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha anunciado que llevará al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley de Memoria Democrática, impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP y cuyo debate y votación final estaban previstos para el pleno del Parlament de esta semana, por supuesta "invasión de competencias y limitar la autonomía municipal".
En un comunicado este martes, los populares han explicado que quieren que el CGE se pronuncie sobre su adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, ya que consideran que la norma "presenta problemas de inconstitucionalidad, invasión de competencias y limitación indebida de la autonomía municipal".
La portavoz del PP en la Cámara catalana, Lorena Roldán, ha afirmado que "la recuperación de la memoria histórica no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales, saltarse las garantías jurídicas ni pasar por encima de las competencias que corresponden a otras administraciones".
A nivel jurídico, los populares han señalado que hay artículos de la ley que "permiten el acceso a datos personales de terceras personas sin atender a las garantías y los trámites ordinarios previstos en la legislación de transparencia", lo que califican de vulneración del derecho a la intimidad.
Consideran que esta situación "también se extrapola a las víctimas, personas represaliadas y responsables de la represión cuando se pretende que sus datos sean declarados como de interés público general", ya que creen que no se ha ponderado el derecho a la intimidad de estas personas.
El PP también cuestiona los artículos de la ley que declaran la nulidad de determinadas sentencias, condenas y procedimientos, ya que consideran que "estos preceptos podrían invadir las competencias exclusivas del Estado en materia de Administración de Justicia y legislación penal", y consideran que sus efectos podrían ir más allá del territorio catalán, lo que generaría inseguridad jurídica.
También piden que se estudie el artículo relativo a la restitución de bienes confiscados o transmitidos durante la Guerra Civil y la dictadura porque "podría afectar a la autonomía local en tanto que el redactado es impreciso y puede comportar una importante conflictividad a la hora de dar cumplimiento de esta disposición".
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA
Está previsto que este jueves se apruebe el dictamen de la ley en la Comisión de Justicia y Calidad Democrática de la Cámara, tras lo que se celebraría el debate y votación final en el pleno.
Sin embargo, si los grupos que no han impulsado la ley (PP, Vox y AC) deciden llevarla al CGE, se retrasarían los plazos para su aprobación definitiva, y decaería este debate en el orden del día del pleno de esta semana.
