BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley del protectorado respecto de las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, que prevé supervisar estas entidades para evitar que desvíen fondos para actividades no previstas, superó hoy el debate de totalidad en el Parlament.
La consellera de Justicia, Montserrat Tura, consideró "muy oportuno" su debate, teniendo en cuenta que forma parte del paquete de medidas que el Govern presentó para afrontar la corrupción tras destaparse el caso del Palau de la Música y su relación con la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC.
El proyecto de ley, que llegó al pleno sin ninguna enmienda a la totalidad, despliega el Libro Tercero del Código Civil Catalán y pretende mejorar la agilidad de las fundaciones e incrementar los medios normativos del Protectorado.
Así, incorpora medidas para potenciar la transparencia de las fundaciones, como la obligación de entregar al Protectorado las cuentas de las entidades relacionadas o informar sobre la acumulación de cargos en los órganos de gobierno.
También prevé que el protectorado verifique si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados para finalidades fundacionales y ejerza tanto la inspección como la sanción, si se da el caso.
La consellera defendió que el protectorado garantizará la transparencia de las fundaciones, tras lamentar que en los últimos meses hayan sido menospreciadas porque "algunas personas, muy pocas, han enrarecido el mundo fundacional".
Auguró que con esta nuevo órgano habrá menos fundaciones pero, por contra, se garantizará que todas las que existan estén activas.
Por su parte, la diputada de CiU Núria de Gispert lamentó que el Govern haya tardado año y medio en elaborar el proyecto de ley, y recriminó a la consellera que afirmara que si hubiera sido una realidad antes, no habría 'caso Palau'.
Criticó también el capítulo del régimen sancionador que prevé el proyecto de ley, alegando que si son pocas las que no actúan correctamente no se debe desconfiar de las más de 2.000 fundaciones que existen actualmente.
"El problema es cómo controla la administración el dinero público que atorga a las fundaciones. El Protectorado es para ayudarlas y asesorarlas, no para sancionarlas e inspeccionarlas", dijo.
La diputada del PP Àngels Olano expuso que esperaba un proyecto "más ambicioso" en el que el apartado de inspecciones es desorbitado, lo que podría frenar a la iniciativa privada.
Desde el tripartito, la diputada del PSC Agnès Pardell defendió que el Protectado permitirá profesionalizar la gestión de las fundaciones y garantizar la confianza de los ciudadanos hacia ellas. Lo mismo hizo el diputado de ERC Miquel Àngel Estradé, que reivindicó su necesidad tras los recientes casos de presunta financiación irregular que han saltado a la luz pública, aunque "son muy minoritarios".
El diputado de ICV-EUiA, Salvador Milà, replicó las críticas de CiU y PP y sostuvo que el proyecto dejará claro que todo el mundo es igual ante la ley. "Legislamos para que el dinero de la música catalana no acaben en las actividades filarmónicas de determinada fundación política", en alusión a CDC.