Retiran a Vergés y Argimon el delito que podía implicar cárcel y mantienen el de prevaricación

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha retirado el delito contra los derechos de los trabajadores que se imputaba a los exconsellers de Salud de la Generalitat Alba Vergés (ERC) y Josep Maria Argimon (Junts) por presuntamente retrasar la vacunación de Covid a policías nacionales y guardias civiles, y que podía implicar penas de prisión para cada uno, si bien sí que mantiene el de prevaricación, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Esta decisión también se aplica a otros 3 excargos del Departament de Salud por la misma causa, lo que evita que los 5 afronten penas de hasta 3 años de cárcel.

Por otro lado, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el sindicato de policías nacionales Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil, mantienen el delito de prevaricación, con peticiones de 12 y 15 años de inhabilitación.

El juicio ha empezado este martes con las cuestiones previas en la Audiencia de Barcelona y se prolongará en diversas sesiones hasta el 15 de julio, cuando está previsto que quede visto para sentencia.

EL CASO

El caso parte de una demanda interpuesta por Jupol y por Jucil, que alegaban que los policías y guardias civiles se vieron discriminados en la gestión de la vacunación de Covid respecto a otros cuerpos policiales, como los Mossos d'Esquadra y las policías locales.

Según el escrito de la Fiscalía, el 9 de febrero de 2021 se publicó la tercera actualización de la Estrategia de Vacunación contra el Covid, decidida por el Consejo Interterritorial del SNS, con competencia a nivel estatal, que acordó priorizar la vacunación a colectivos con funciones especiales, entre ellos los cuerpos policiales.

Tres días después la Conselleria de Salud inició la vacunación, restringida a personas de 18 a 55 años, de miembros de las policías locales y Mossos, y durante las siguientes semanas se iniciaron contactos para iniciar la vacunación "separada" de policías y guardias civiles.

El 15 de marzo el Consejo Interterritorial ordenó la paralización de todas las vacunaciones programadas al haberse detectado varios casos de trombosis.

No obstante, el día 22 se indicó que ya se podía volver a administrar esa vacuna y que ya no estaba restringida a la franja de 18-55 años, sino que también se podía usar para inmunizar a personas de 60-65 años, incluidos los policías, tanto locales como autonómicos y estatales.