Salàs (Antifrau) aboga por una nueva ley catalana para mayor protección a alertadores de corrupción

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs, ha abogado por una reforma de la ley estatal sobre protección de informadores de corrupción o por el impulso de una ley de alertadores catalana para garantizar una mayor protección a los alertadores ante las "carencias" de la actual legislación.

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament este jueves, ha defendido que las instituciones no están a la altura y no se da a los alertadores la protección que merecen, lo que ha atribuido a las "carencias de la ley" estatal, en la que detecta 31 elementos o factores normativos que deberían modificarse.

Por ello, ha apelado a los grupos de la Cámara a trabajar en la aprobación de una ley catalana, después de que el Govern aprobara en septiembre la memoria preliminar el anteproyecto de ley sobre esta cuestión que, aunque no todas, resolvería muchas de estas carencias y puede ser "indiscutiblemente un paso hacia adelante".

CARENCIAS ACTUALES

Según Salàs, uno de los principales problemas para Antifrau es la falta de ejecutividad de sus resoluciones, puesto que aunque advierten a las administraciones o entidades privadas de que no pueden tomar represalias contra alertadores, depende que cumplan de su voluntad y su "lealtad institucional".

También ve problemas en la potestad sancionadora: "No pasa nada por desobedecer a Antifrau", ha lamentado, y teniendo en cuenta que desde la institución solo pueden aplicar sanciones económicas que tienen poco recorrido, ve inadecuado que no puedan aplicar medidas cautelares desde Antifrau.

Además, la normativa actual no reconoce la figura del prealertador, es decir, aquella persona que quiere saber el recorrido que pueda tener una denuncia a Antifrau antes de dar la información que se quiere denunciar, problema que se suma a que la protección a los denunciantes se limite a 2 años, cuando hay casos que la Justicia tarda en resolver más tiempo.

En el ámbito económico, ha criticado la falta de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita para alertadores: "Es indiscutiblemente un factor muy limitativo", algo agravado por el hecho de que haya administraciones que ante denuncias contraten a abogados estrella, ha dicho, que provoca una diferencia en las condiciones entre las partes.

Finalmente ha explicado que la normativa prevé apoyo financiero y económico a los alertadores, pero que es una provisión que no ha sido desarrollada: "No sabemos en qué cantidades, bajo qué condiciones, si sólo por ser alertadora o, además, por haber estado sufriendo algún tipo de prejuicio económico...".

PSICÓLOGOS E IA

A pesar de ello, ha reivindicado que en Antifrau, que dirige desde principios de año, cumplen con sus funciones e incluso "un poquito más", y lo ha ejemplificado con la intención de poder contar con ayuda psicológica para los denunciantes, así como avanzar en tecnología.

En este sentido, ha apuntado al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para ayudar en la gestión de las investigaciones para reducir el tiempo que emplean y les ayuden a ser a ser "más eficaces y más eficientes".