Archivo - Personal sanitario, en una foto del archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo
BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salud de la Generalitat ha licitado la contratación de los servicios de hemodiálisis ambulatoria para los próximos 5 años con un presupuesto de 415 millones de euros, con un importe anual de entre 81 y 85 millones.
La licitación actual se enfoca en la mejora de la prestación ambulatoria en calidad asistencial y capacidad resolutiva, a la vez que promueve la atención centrada en la persona, informa la Conselleria en un comunicado de este jueves.
TRATAMIENTO NO HOSPITALARIO
La hemodiálisis ambulatoria es el tratamiento que se realiza a las personas con insuficiencia renal crónica fuera de centros hospitalarios, en centros autorizados con equipamientos específicos.
Durante los últimos años, Salud ha trabajado con expertos en enfermedad renal crónica y asociaciones de pacientes para identificar las principales áreas de mejora.
NUEVOS REQUERIMIENTOS
Para la nueva licitación, se han introducido nuevos requisitos y criterios de valoración, como la incorporación de elementos de calidad en la cura y el mantenimiento de las fístulas.
También se han impulsado circuitos de coordinación con otros centros del territorio y con atención primaria y comunitaria, así como con la atención intermedia, con sesiones clínicas periódicas, y será obligatorio declarar las infecciones de catéter al Programa de vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en Catalunya (Vincat).
El nuevo contrato requerirá adaptación horaria a las preferencias del paciente, evaluación anónima de su satisfacción y experiencia, y el establecimiento de un número mínimo de profesionales; además, se integrarán los datos de la actividad de los centros a los sistemas de información de Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3).
La licitación se ha convocado por procedimiento abierto y se ha estructurado en 18 lotes territoriales, con un presupuesto base de 415 millones de euros para los 5 años de duración y la previsión de un máximo de 498 millones para los compromisos económicos que puedan derivarse.