El Síndic de Greuges pide cambios legislativos para aumentar las penas alternativas a la prisión

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, pidió hoy a las administraciones cambios legislativos y un esfuerzo para aumentar la aplicación de penas alternativas a la prisión y reducir la masificación de las cárceles españolas y catalanas.

Ribó reclamó una legislación "razonable" que permita imponer penas alternativas a la prisión de hasta cinco años y una mayor colaboración de la administración en la rehabilitación de los presos, así como la implicación de las empresas --habilitando plazas para las penas alternativas-- y de la sociedad en general.

Entre este tipo de penas hay la mediación entre partes litigantes, la reparación del daño, la conciliación entre víctima y delincuente o la libertad vigilada, aunque el ordenamiento jurídico español sólo prevé los trabajos en beneficio de la comunidad.

El Síndic también propuso crear centros penitenciarios más pequeños, aumentar las plantillas de vigilantes y de personal rehabilitador, personalizar la atención a los reclusos o aumentar la oferta de trabajo para ellos.

El estudio recuerda que la Constitución Española establece que la cárcel tiene como misión la rehabilitación del reo, por lo que el sistema penitenciario debería prepararlo para que viva en libertad. Esto, según Ribó, se podría conseguir facilitando el acceso al tercer grado penitenciario --que supone dormir en la cárcel pero pasar el día fuera-- o a la libertad condicional tras cumplir dos terceras partes de la condena.

En el caso de los reclusos relacionados con el tráfico de drogas, que supone el 80% de la criminalidad española, el informe propone dividir a los reos entre los grandes narcotraficantes y los pequeños 'camellos' que distribuyen al por menor para pagarse su propia adicción. Para éstos últimos, se propone substituir las penas de prisión por tratamientos de desintoxicación fuera del sistema penitenciario.

Debido al incremento de denuncias de malos tratos por parte de los internos, el Síndic propone que se instalen videocámaras en todas las dependencias --policiales y penitenciarias-- en las que haya detenidos o reclusos, excepto en aquellas zonas que violen la intimidad. Con ello, se evitarían falsas denuncias y abusos por parte de los carceleros y se esclarecerían más fácilmente estos casos.

El estudio también recuerda que el coste diario de un recluso para la administración es de 68 euros, mientras que para un condenado que cumpla una medida penal alternativa es de unos 7 euros.

Según datos de 1999, en España el 64% de las penas comportan prisión, mientras que en Alemania éstas sólo suponen el 6,5% de los casos y en Italia el 39,7%.

DIAGNÓSTICO.

Ribó entregó esta tarde un informe al Parlament en el que se analiza el sistema penitenciario catalán para compararlo con otros países europeos y hacer propuestas de mejora, entre las que destaca la reclamación de más medidas penales alternativas.

El documento del Síndic, de 180 páginas, refleja la "paradoja" de que España y Catalunya tengan una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, cuando la sensación de victimización y la ratio de prisioneros es de las más altas.

En concreto, el estudio lamenta que en junio la tasa penitenciaria catalana fuera de 132 personas por cada 100.000 habitantes --en España, 146--, y que hubiera 114 internos por cada 100 plazas penitenciarias.

Además, según algunas encuestas, el 61% de los catalanes está a favor de las medidas penales alternativas.

El asesor del Síndic en materia de seguridad y derechos humanos, Ignasi Garcia Clavel, señaló que otras de las quejas más habituales se refieren a los registros personales y de las celdas o a la dificultad de cumplir las condenas en prisiones cercanas, debido a la masificación.