BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El síndic de greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, pidió hoy a la Generalitat más coordinación sobre las políticas de vivienda, así como más reserva de patrimonio público para hacer pisos y unificar criterios de los diferentes departamentos implicados.
Ribó compareció hoy en comisión en el Parlament para presentar el informe extraordinario de vivienda 'El derecho a la vivienda: obstáculos y límites'. Pocas horas antes el Govern y una treintena de entidades empresariales, sindicales, vecinales y sociales firmaron el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016, un acuerdo que Ribó no valoró por considerar que no es la función del síndic.
Durante los años 2005 y 2006 el síndic recibió 339 quejas sobre la vivienda. Las problemáticas más reiteradas son las relacionadas con la estancia de los jóvenes en el núcleo familiar, la dificultad económica para pagar el alquiler o la hipoteca y la falta de adaptación de las casas para las personas de movilidad reducida.
ACOSO INMOBILIARIO A MAYORES DE 65 AÑOS
El informe destaca que un 12% de las quejas de las personas mayores de 65 años hacen referencia al acoso inmobiliario, el llamado 'mobbing' inmobiliario. El síndic consideró que si bien hay ayuntamientos que han comenzado a activar servicios para hacer frente a este fenómeno, remarcó que es un "problema social" al que las administraciones deben prestar más atención.
En el apartado de recomendaciones, Ribó abogó por implantar sistemas de ventanilla única para los interesados en acceder a una vivienda y por crear un registro unificado de solicitantes, con el fin de evitar el "peregrinaje" de los ciudadanos.
AYUDAS AL ALQUILER DE PISOS
Ribó apostó por el alquiler de pisos y pidió más ayudas para el pago del arriendo, con carácter de prestación social periódica. "Las ayudas tienen que llegar a tiempo, no seis meses después de alquilar el piso, y tienen que ser suficientes", añadió.
Aconsejó revisar el criterio de los ingresos mínimos como límite para acceder a una vivienda de protección social de propiedad y reclamó crear un registro unificado de solicitantes de vivienda con requisitos uniformes en todos los municipios, de manera que el empadronamiento pueda puntuar pero sin que sea condición de exclusión para entrar en las baremaciones.
