Alerta de una "regresión" de derechos políticos en Catalunya
BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges recibió en 2017 un total de 611 quejas y consultas relacionadas con el proceso soberanista catalán, en aspectos como la participación ciudadana, la seguridad, la libertad de expresión, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y sobre la implicación de menores.
Según datos facilitados este viernes por el Síndic de Greuges de las actuaciones relacionados con el proceso soberanista, ha habido 469 quejas, 21 actuaciones de oficio y 121 consultas, siendo las relacionadas con la participación ciudadana, con 458 --unas 200 sobre la situación de los Avis per la Llibertat de Reus (Tarragona)--; seguida de seguridad ciudadana, con 89; libertad de expresión, con 41; implicaciones del 155, con 13, y relacionadas con menores, con 11.
En rueda de prensa tras presentar el 'Informe al Parlament 2017' al presidente del Parlament, Roger Torrent, el síndic, Rafael Ribó, ha alertado este viernes de una "regresión" de derechos civiles y políticos en Catalunya.
Ribó ha afirmado que relacionado con el proceso soberanista se han recibido quejas sobre las cargas policiales el 1-O, pero también sobre la cesión de datos y vulneraciones del derecho de participación política.
En su informe, el Síndic de Greuges señala referente a los hechos relacionados con el 1-O que Catalunya "vivió una sacudida, tanto por la vulneración de la Constitución y otras leyes por parte de la Generalitat, como por la respuesta del Gobierno central a estas vulneraciones".
Ribó ha afirmado que los actos ilícitos derivados de las aplicación de leyes aprobadas en septiembre y declaradas nulas por el Tribunal Constitucional (TC) tendrían que haber sido confrontadas con el ordenamiento legal vigente, y con "diálogo y soluciones políticas".
Ha criticado la "desproporción" de las cargas policiales, el encarcelamiento preventivo de presos soberanistas --recordando la situación en la que se encuentran Jordi Sànchez, que fue adjunto del Síndic, y Jordi Cuixart-- y la calificación penal de rebelión, que también ha visto desproporcionada.
El síndic de Greuges ha remarcado que ya se dirigió al Gobierno central para saber quién fue el responsable que ordenó las cargas policiales, y ha pedido que el Parlament impulse una comisión de investigación sobre el 1-O.
Ribó ha trasladado las quejas y sus recomendaciones al Defensor del Pueblo, el ministro del Interior, el comisario europeo de Derechos Humanos --quien exigió una explicación oficial al Estado--, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Ombudsman.
