BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF y CATAC han acusado este viernes a la Conselleria de Justicia de la Generalitat de "dar instrucciones" para forzar la reducción de internamientos en los centros de menores de Catalunya.
Lo han asegurado en una rueda de prensa conjunta convocada en la sede central de UGT en Barcelona a consecuencia del cierre de los centros de menores de Montilivi de Girona y del de Til·lers en Mollet del Vallès (Barcelona) que Justicia decretó la semana pasada.
Según ha explicado la representante de UGT, Esther Morales, la Conselleria establece un 'numerus clausus' de menores en los centros, por lo que intenta reducir el número de menores en ellos, lo que "genera que haya jóvenes que están en la calle" que tendrían que estar internos.
Aunque la decisión de internar a un joven en un centro la determina un juez, la Conselleria intenta influir a través de un sistema de cribado que, según el portavoz de CC.OO., Paco Garrido, trata de flexibilizar los informes sobre la salida de los menores y ser "muy cuidadosos" a la hora de recomendar su internamiento.
Según él, Justicia ha establecido que, si un técnico recomienda la entrada de un joven en un centro el caso es supervisado por un jefe de unidad de medidas de medio abierto que, si confirma la necesidad de internamiento, es revisado por una tercera persona.
Pese a esta presión de la que han acusado a Justicia, han considerado que el cierre de los centros de Girona y Mollet contribuirán a la masificación de los otros cinco que quedan en Catalunya, lo que hará "crecer el número de conflictos", según el representante de CATAC, Santiago Bayo.
"RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS"
La Conselleria justificó el cierre para este mes de junio de los dos centros por un contexto de "racionalización de los recursos públicos" y porque se produjo una reducción del número de jóvenes internos que ha pasado de 319 en 2011 a 269 este año.
Según ellos, el centro de Mollet tiene una capacidad de 73 plazas de las que solamente 49 estaban ocupadas, mientras que el de Girona, que dispone de 43 plazas, tenía 18 plazas libres.
Sin embargo, para los sindicatos estos datos aportados por Justicia marcan el límite máximo de jóvenes que pueden caber en los centros por causas de fuerza mayor, pero "superan en mucho la capacidad óptica", según explica el informe que han elaborado.
El portavoz de CSIF, Cristian Pérez, ha tildado la medida de "precipitada e improvisada", y ha lamentado que afectará directamente a 122 empleados de la Conselleria y a decenas que trabajaban para los centros de forma externa.
