La Sindicatura de Greuges impulsa un índice que evalúa el derecho de acceso a la información pública

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Catalunya ha presentado este miércoles el índice de evaluación del derecho de acceso a la información pública (Iadaip), una herramienta que analiza cómo responden las administraciones cuando la ciudadanía pide información pública.

Este índice formará parte del índice de transparencia en Catalunya que se presentará a finales de año, y la iniciativa se enmarca en la Setmana del Govern Obert, que pone el foco en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, informa en un comunicado.

Desde 2021, la institución aplica una metodología basada en la técnica del solicitante oculto con el objetivo de evaluar las administraciones públicas desde que reciben una solicitud real de acceso a la información pública hasta que emiten la resolución.

Durante 2025, se evaluaron 1.070 administraciones públicas, que han obtenido una puntuación media de 73 sobre 100 y, como novedad, se ha creado una web interactiva que permite ver los resultados diferenciados por Administración y hacer comparaciones con otras administraciones de las mismas características.

CATEGORÍAS

Por categorías, las máximas puntuaciones las ha obtenido la Generalitat (100 puntos para los departamentos y 97,5 para los entes dependientes); en cuanto a los organismos de control y supervisión, han obtenido un 92,2 de media; las universidades en general reciben un 76,9, aunque la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) obtiene un 93,8.

Los ayuntamientos reciben una puntuación media de 71,6 y, en función de la población, los de más de 50.000 habitantes son los que han obtenido mejores resultados (83,1), entre los que destaca los de Manresa, Viladecans, Castelldefels, Mataró y Rubí (Barcelona).

Las solicitudes de acceso a la información pública presentan un aumento constante (sobre un 30% más cada año) y en 2024 se registraron 30.315, y este aumento ha ido acompañado de mejoras como la simplificación de formularios o el reconocimiento del derecho a no tener que explicar por qué se pide la información.