El TC ve compatible la tasa catalana con la estatal porque dota a la Justicia de "medios y personal"

Fachada del Tribunal Constitucional
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 6 mayo 2014 18:31

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha justificado su aval a las tasas judiciales catalanas en base a que son compatibles con las estatales porque Catalunya tiene competencia para proveer de "medios personales y materiales" a la Administración de Justicia.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, el Constitucional considera en su fallo que Catalunya tiene legitimidad para establecer una tasa para financiar dicha competencia, lo que ve compatible con la "competencia exclusiva" que asegura tiene el Estado para administrar justicia.

El tribunal descarta por tanto que tasas y estatales y autonómicas graven los mismo, ya que la primera no es para medios y personal sino para "el ejercicio de la potestad jurisdiccional", que sí es exclusiva del Estado.

Recuerda, en el mismo sentido, que la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado en materia de "Administración de justicia" --en el artículo 149-- y prevé la imposición de tasas, mientras que el Estatut señala también la de la Generalitat sobre la Administración de Justicia, en el sentido de que incluye expresamente la posibilidad de implantar tasas para financiarla.

A la vez que ha avalado las tasas judiciales, el tribunal ha declarado "inconstitucional" el euro por receta aplicado por la Generalitat, al estimar parcialmente el recurso presentado por el Gobierno central contra los dos gravámenes ideados por el Govern en diciembre de 2012, y que supuso la anulación inmediata de los dos hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto.

El recurso se había presentado contra los artículos 16 y 41 de la ley catalana 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas, después de que tanto el Gobierno como la Generalitat negociaran sobre la aplicación de ambas sin llegar a un acuerdo.

Las tasas judiciales pretendían cobrar 120 euros por la prestación de servicios personales y materiales en la Administración de Justicia en Catalunya, lo que el Gobierno entendía que suponía un doble gravamen.

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