Técnicos de Santa Coloma dicen que no sufrieron "presiones" en las operaciones urbanísticas investigadas

MADRID/BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis técnicos y ex altos cargos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) han defendido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que no sufrieron "presiones" para elaborar los informes relativos a las operaciones urbanísticas del 'caso Pretoria', investigadas por provocar un agujero de 44,7 millones de euros en este municipio y los de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, han informado fuentes personadas en la causa.

Los comparecientes, que han declarado como testigos, han recalcado que la denominada 'Operación Pallaresa', por la que el Ayuntamiento de Santa Coloma habría dejado de ingresar 13 millones de euros, y la posterior construcción del centro comercial Cubics se desarrollaron "dentro de la legalidad y con el visto bueno de la Generalitat de Catalunya".

Así lo han manifestado Javier Ezquiaga, que ocupaba en el momento de los hechos el cargo de secretario general del Ayuntamiento de Santa Coloma; Rafael Vela, director adjunto de Servicios Urbanísticos y Materiales; y Joan Llort, director general de Actuaciones Urbanísticas.

También han declarado el ex director general de Urbanismo de la Generalitat, Pere Sola; el ex gerente de la empresa municipal de gestión del suelo Gramepark Manel Serra y el director de Obras de esta sociedad, José Luis de la Fuente.

El ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz aseguró este martes que el Ayuntamiento salió "muy beneficiado" de las operaciones realizadas por la trama y que durante su mandato al frente del Ayuntamiento nunca ordenó realizar "facturas falsas" ni existió "apropiación indebida" de 1,3 millones de euros, como sostenía en su auto de prisión el juez Baltasar Garzón.

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

En el 'caso Pretoria' están imputados 20 ex altos cargos y empresarios por las actividades urbanísticas de los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

La operación policial, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, destapó una presunta trama de corrupción que se saldó con la detención de nueve personas, entre las que se encontraban el ex diputado del PSC Luis García, presunto líder del grupo; y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Las actividades de los imputados provocaron que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros, según constaba en el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón, que imputó a los principales procesados en la trama los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la investigación también están imputados el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.

También se encuentran imputados las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente; el presunto testaferro del primero, Philip McMahann; el ex gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas; Víctor Ros (PP), ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); el ex concejal de Urbanismo de de la localidad, Antoni Jiménez (PSC) y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.

Completan la relación de encausados el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra.