BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El gobierno municipal de Barcelona que encabeza Xavier Trias (CiU) ha renunciado al proyecto de su antecesor, el socialista Jordi Hereu, para privatizar el Anillo Olímpico, que forman equipamientos como el Estadi Lluís Companys y el Palau Sant Jordi.
En la Comisión de Economía, el gobierno municipal ha recibido este miércoles el apoyo de PP y UpB --que integra a ERC-- para renunciar al contrato con un socio privado para gestionar el anillo, mientras que PSC e ICV-EUiA, que formaban el anterior gobierno, han expresado reserva de voto hasta la votación en el pleno.
La única empresa que se presentó para hacerse con el 49% del capital de la sociedad gestora fue la promotora musical Live Nation, y el expediente que se ha votado incluye tramitar una indemnización para ésta de 54.600 euros, aunque la adjudicación nunca llegó a ser definitiva.
La segunda teniente de alcalde y responsable municipal de Economía, Sònia Recasens, ha justificado la renuncia con que "no se podía garantizar el interés público de la gestión del espacio", ya que el contrato dejaba muy mermado el margen de maniobra del Ayuntamiento.
En concreto, sólo podía disponer del anillo 45 días al año para sus actividades, con lo que probablemente hubiese tenido que alquilarlo algunos días a Live Nation porque en el ámbito se prevén diversos grandes eventos próximamente.
Entre ellos, figura el campeonato del mundo de natación, que la ciudad albergará en 2013 y para el que el consistorio calcula que necesitará las instalaciones entre 60 y 73 días; el del mundo de balonmano de 2013, la copa del Rey de baloncesto del año que viene y el campeonato de pádel.
EL MODELO DE TRIAS
Además, el Ayuntamiento debía avisar con un año de antelación sobre sus eventos y la empresa se reservaba el voto de calidad en las decisiones, y Recasens ha concluido que el modelo estaba siendo "incompatible" con los usos deportivos, sociales y culturales que ha dibujado el Gobierno.
Ha dicho que quieren ceder las instalaciones a entidades sociales para que puedan usarlas para sus eventos, y ha revelado que su modelo pasa por la colaboración público-privada abriendo la gestión a diferentes operadores privados garantizando la compatibilidad de usos.
Javier Mulleras (PP) ha criticado que había sido "un proceso viciado desde el inicio", resaltando que un informe adjunto al pliego de cláusulas costó 167.000 euros a las arcas municipales, y ha apostado por una gestión público-privada del espacio pero diferente a la de Hereu.
Ha criticado que en la propuesta anterior no se garantizaba el interés público, como ha hecho Jordi Portabella (ERC), y desde la oposición se ha preguntado al Gobierno municipal por el modelo que impulsará ahora, y Jordi William Carnes (PSC) ha reclamado garantizar la libre concurrencia.
La comisión también ha ratificado que empiece a andar la fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation ahora que la ciudad ha sido designada capital mundial del teléfono móvil, y Recasens ha destacado su aprobación inicial supone un paso adelante.
