BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha desestimado una demanda que representantes del colectivo democristiano soberanista El Matí habían presentado hace un año contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del Estatut por considerar que durante el proceso para resolver el recurso no se respetó "el principio de imparcialidad judicial".
El abogado Jordi Cortada y el editor Quim Torra fueron los dos representantes que presentaron la demanda, y precisamente Torra es quien ha avanzado en la web de El Matí, que recoge Europa Press, que el tribunal la ha declarado inadmisible porque considera que no es de su jurisdicción.
La resolución, en concreto, no profundiza así en el fondo de la cuestión y se limita a destacar que el procedimiento contencioso "no se refería a un litigio sobre los derechos y obligaciones de carácter civil de los demandantes ni al fundamento de una acusación en materia penal contra ello en virtud del artículo 6 del Convenio".
"Lo volveríamos a intentar. Seguimos pensando que siempre que haya una mínima posibilidad hay que enfrentarse con el Reino de España hasta el final, sin tregua ni vacilar", ha sostenido Torra tras la resolución judicial, que es de carácter definitivo y no recurrirse.
Los democristianos reclamaban al tribunal que ordenara al Estado que adoptara las medidas necesarias para dejar sin efecto la sentencia del TC del Estatut.
El colectivo sostenía que la composición y actuación de los magistrados del TC, "su politización", y el retraso en dictar sentencia, constituían pruebas suficientes de que el fallo no respetó el principio de imparcialidad judicial.
La demanda fue elaborada por dos juristas, uno de ellos el presidente de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional, Bertrand Mathieu.
Los promotores de la demanda también expresaron su voluntad de agotar todas las vías jurídicas contra la sentencia del TC, así como "ayudar a internacionalizar la causa de Catalunya".
Tras casi cuatro años de deliberaciones, el TC dictó en julio de 2010 la sentencia sobre el Estatut que recortaba aspectos esenciales de su contenido.
